Los proyectos ya fueron ingresados a la Cámara de Diputadas y Diputados. Buscan aportar herramientas para frenar la violencia que padecen los santafesinos y santafesinas. “Necesitamos acordar políticas de Estado en materia de seguridad que trasciendan a los gobiernos”, afirmaron.
El bloque de diputadas y diputados del Partido Socialista presentaron un paquete de proyectos de Ley que buscan aportar herramientas y actualizar normas para hacer frente a la crisis de seguridad que afecta a la provincia de Santa Fe, en especial a la ciudad de Rosario, con el objetivo de aportar soluciones a una problemática que se viene complejizando día a día.
LOS PROYECTOS
1. Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana
Establece los principios rectores sobre cómo será el trabajo coordinado de todos los actores, públicos y privados de la provincia -fuerzas de seguridad, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Servicio Público de la Defensa, justicia federal, gobierno nacional, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil- para abordar la violencia y los conflictos sociales.
“La provincia debe tener una ley donde quede plasmado el marco y los principios generales de la seguridad democrática en manos del poder político y el Poder Ejecutivo que tendrá la obligación de coordinar con los otros poderes del Estado”, manifestó Cattalini.
El proyecto, además, formaliza por ley el funcionamiento de la Junta Provincial de Seguridad y propone la creación de la Agencia Provincial para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego.
2. Control disciplinario de las fuerzas de seguridad
“Proponemos una ley que tipifica las faltas policiales de manera diferente. Hoy no hay incentivos para el personal policial pero tampoco funcionan los mecanismos de control. Las sanciones o destituciones a policías estarían, de aprobarse esta ley, a cargo de un tribunal de conducta compuesto por el MPA, el Poder Ejecutivo, universidades, y legisladores. Y se crearán también dos órganos nuevos, uno para la investigación de los hechos y otro para la defensa policial”, expresó la legisladora socialista.
La externalidad del control disciplinario tiene por objetivo instituir un mecanismo democrático, autónomo, transparente y eficaz mediante la prevención, investigación, y eventual sanción de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias serán conocidas, investigadas y juzgadas, y los delitos cometidos serán debidamente identificados y denunciados a la justicia.
3. Modernización y reforma del Servicio Penitenciario
La ley vigente es de 1978. El proyecto crea una comisión bicameral que funcionará por 180 días y una vez terminado ese plazo elevará al Poder Ejecutivo un informe final de carácter público con propuestas estratégicas para la mejora integral de este servicio público. La comisión tendrá entre sus objetivos, además, establecer lineamientos para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y nuevos estándares para el monitoreo y evaluación del servicio, así como también promover acciones de prevención y lucha contra la corrupción en los funcionarios públicos.
“Es necesario repensar el Sistema Penitenciario, por eso proponemos crear una comisión Bicameral para el estudio y análisis de la situación. La comisión tendrá facultades de generar nuevas normas y armar sistema de información propia en el ámbito del servicio penitenciario que permitan prever y evitar delitos que se originan desde las cárceles”, dijo Cattalini.
4. Centro de Análisis de Información Penitenciaria
El nuevo organismo brindará herramientas para la gestión de políticas penitenciarias. Centralizará material informativo estratégico con el objetivo de prevenir situaciones que afecten a la seguridad interna y pública. Entre sus funciones, deberá detectar a reclusos, visitas ó personal interno que planeen involucrarse o esté involucrado en situaciones delictivas. Evaluará a los internos según representen riesgo de fuga, de pertenencia a algún grupo de crimen organizado, o que dirijan actividades delictivas dentro del establecimiento, para adecuar el nivel de seguridad donde deben ser alojados.
5. Agencia de Prevención y Reducción de Violencias
Tendrá rango de secretaría de Estado, con personería jurídica propia, autarquía administrativa y financiera. Buscará generar un nuevo rol gubernamental que, en forma sistematizada y permanente, realice un análisis y seguimiento de las problemáticas relacionadas a las violencias en cada territorio priorizado; genere e implemente políticas públicas tendientes a prevenir y/o a disminuir los distintos tipos de violencias; y articule programas y acciones con los diferentes órganos y estamentos estatales, y de la sociedad civil.
6. Registración de Contratos de Fideicomiso
Busca garantizar el seguimiento estatal suficiente a este tipo de negocios, así como de los capitales que lo componen, y los sujetos que interactúan y los constituyen. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, busca corregir el vacío legal que hoy existe para la generación de patrimonios provenientes de actividades ilícitas, desde capitales no declarados hasta aquellos derivados de estructuras criminales.
7. Sistema Provincial para el Cuidado y la Educación en las Infancias (SIPCEI)
Este proyecto constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada al cuidado, la educación temprana y la educación obligatoria de niñas y niños desde los 45 días hasta los 7 años de edad. Entre sus objetivos está garantizar la integración plena de todos los niños y niñas en el sistema educativo; promover el aprendizaje y desarrollo de los mismos como sujetos de derecho y partícipes activos/as de un proceso de formación integral junto a las familias y la comunidad; atender a cada niño o niña en su singularidad e identidad, respetando la diversidad cultural y territorial; diseñar y planificar estrategias participativas de intervención pedagógica, y acuerdos institucionales para la flexibilización en la organización del tiempo didáctico, los tiempos y formas de la evaluación.
