La comunicación aprobada le fue girada a Perotti. Consideran extemporáneo el incremento que llega en momentos que ante la pandemia se recomienda el lavado de manos.
La Cámara de Diputados le pidió al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el incremento en la tarifa de Aguas Santafesinas SA (ASSA) dispuesto mediante una resolución del mes último y exigió que se gestione ante el Enress la realización de la audiencia pública pertinente. La declaración votada en la última sesión del año fue girada en forma inmediata al gobernador Omar Perotti. El aumento autorizado mediante resolución es del 32%.
El texto había sido ingresado a mediados de diciembre por Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) y votado sobre tablas sin el acompañamiento del bloque justicialista y sí del resto del arco político. “No vamos a acompañar el texto” informó el justicialista Ricardo Olivera quien recordó que “fue decisión adoptada en 2018 el aumento del 60% en la tarifa que se aplicó parcialmente. Durante 2019 no sabemos los motivos, no se completó el incremento” acotó sabiendo que esa decisión fue de la administración que encabezó Miguel Lifschitz, hoy presidente del cuerpo, y que tenía como ministro de Infraestructura al hoy diputado socialista José León Garibay. “Coincidimos en la necesidad de consultar al ente pero el aumento tiene una historia donde se aplicó la primera parte” resaltó el justicialista.
En el recinto, Donnet afirmó que “es grave y preocupante la decisión. Estamos atravesando un contexto social político y económica muy preocupante, la recesión que impacta en el bolsillo. Este aumento viene a profundizar el problema” acotó para luego recordar que el agua es un derecho humano fundamental. Para la joven legisladora el aumento está descontextualizado. “No podemos hablar de un aumento dado en otro contexto. No puede haber aumento sin audiencia pública” insistió. Luego hizo mención a la necesidad del agua para el lavado de mano recomendado como medida protectiva ante el Covid 19.
“Estamos ante un servicio público que garantiza un derecho humano. Así fue reconocido par la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 64/292 del año 2010. La inflación interanual superó el 36°/o, afectando gravemente el bolsillo de las trabajadores, quienes, en su mayoría, han sobrellevado con serias dificultades un 2020 sin actualizaciones salariales. En este sentido, las criterios y fundamentos de la resolución perdieron absoluta vigencia en este contexto particular que exige otro tipo de respuestas” aseguró Donnet.
Fuente: El Litoral
