La normativa tiene como objetivo otorgar un marco legal para proteger a los revendedores y consumidores.
La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó sanción definitiva al proyecto de ley que pretende regular la “venta directa” con el objetivo de brindarle un marco legal para proteger a revendedores y a consumidores.
La norma elaborada por el socialista Joaquín Blanco es la primera a nivel nacional para regular la venta por catálogo. Se trata de un negocio que en el país involucra a 900 mil personas, mayoritariamente mujeres y ronda los $45 mil millones anuales, según la Cámara Argentina de Venta Directa (Cavedi).
“La venta directa se realiza fuera de locales comerciales establecidos, en los lugares de trabajo o domicilios particulares, a través de revendedores independientes que suelen hacer una explicación o demostración de los productos que comercializan a sus clientes”, indicó Blanco.
El autor de la iniciativa señaló en el recinto que la actividad se ha incrementado mucho en los últimos años y, “sobre todo en mujeres que buscan una forma de aumentar sus ingresos y hasta ahora no tenían ningún reconocimiento jurídico”.
En este marco, añadió “que existen empresas que, escondidas detrás de estos modelos de negocios, pueden causarles grandes perjuicios económicos, como son los casos de venta piramidal, que son una estafa. Es por eso que la norma también protege a los revendedores”.
Sobre la ley
La letra establece que los revendedores podrán finalizar el contrato de forma unilateral y en cualquier momento, con aviso previo de forma escrita, recibir información suficiente, clara y confiable, y tener respuestas a todas sus consultas sobre las condiciones comerciales y la naturaleza jurídica del negocio al que se vinculan.
La nueva normativa creará un Registro Único y Obligatorio de Empresas de Venta Directa, bajo la órbita del Ministerio de la Producción. Además, se les exigirá que establezcan una oficina de atención en la Provincia de Santa Fe, abierta al público y de manera permanente, “para responder eventuales quejas y reclamos de consumidores y revendedores”, señaló el Diputado provincial.
Aquellas empresas que no se adecúen a la nueva legislación dentro del año luego de su reglamentación, podrán ser sancionadas económicamente con multas que van desde los $10 mil hasta los $300 mil, y se prevé hasta la cancelación de su autorización para funcionar.
