Un grave escándalo institucional sacude a la Justicia Federal de Rosario tras confirmarse la existencia de más de 8.000 causas penales que permanecían paralizadas en los juzgados de primera instancia, sin haber sido comunicadas oportunamente al Ministerio Público Fiscal. Estos expedientes, acumulados antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio en mayo de 2024, habrían permanecido estancados durante años, lo que plantea serios interrogantes sobre la posible impunidad de diversos delitos en la región.
El gobernador Maximiliano Pullaro calificó la situación como una grave responsabilidad funcional, señalando que la falta de gestión judicial tuvo consecuencias directas sobre la seguridad de la ciudad. El mandatario recordó antecedentes de denuncias previas contra funcionarios judiciales, como el caso del exjuez Marcelo Bailaque —actualmente imputado por corrupción—, sugiriendo que la inacción en los juzgados no fue un hecho aislado ni casual, sino parte de una dinámica de años que afectó el funcionamiento del sistema penal federal.
La Cámara Federal de Rosario, encargada de la superintendencia de estos juzgados, enfrenta cuestionamientos sobre su control y gestión. Si bien las fuentes judiciales apuntan a las secretarías de los juzgados como responsables directas de la falta de movimiento en las estadísticas, desde el ámbito político y judicial se advierte un problema sistémico. El antiguo sistema de instrucción escrita permitía una “invisibilidad” de los trámites que facilitaba la prescripción de causas, especialmente en delitos económicos como la evasión tributaria.
Testimonios internos revelan un presunto circuito de impunidad donde causas por evasión o delitos sin víctimas físicas se mantenían estancadas para presionar arreglos extrajudiciales, culminando frecuentemente en la prescripción. Esta revelación surge en un contexto de cambio de paradigma judicial, donde la transición hacia audiencias orales y públicas intenta exponer el rezago administrativo. Mientras la Cámara Federal se prepara para auditar el contenido de los expedientes, la desconfianza sobre la transparencia del sistema judicial rosarino se profundiza.
La magnitud del hallazgo obliga a un proceso de revisión exhaustivo para determinar qué tipo de ilícitos quedaron sin juzgar y cuál fue el grado de responsabilidad de cada magistrado y funcionario involucrado. El impacto de esta parálisis judicial no solo cuestiona la eficiencia del fuero federal, sino que refuerza la necesidad de una reforma profunda que garantice que la Justicia cumpla con su rol preventivo y sancionatorio, evitando que el “cajoneo” de expedientes siga siendo una herramienta de impunidad.
