La Ley fue aprobada por la Legislatura Santafesina hace dos años y está operativa. Sin embargo, resta reglamentar algunos artículos y que el Ejecutivo genere los convenios correspondientes con el Colegio de Abogados de la Provincia para “tener reglas claras”.
El reciente caso de Lucio Dupuy, el menor oriundo de La Pampa que falleció a causa de golpes recibidos presuntamente por su madre y la pareja, puso de nuevo sobre la discusión el funcionamiento de los organismos que deben defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes enel país.
En el caso de Santa Fe, hace dos años se sancionó una Ley que garantiza la prestación de servicios de asesoría legal aniños, niñas y adolescentes. Dicha normativa tiene por objeto poner a disposición un abogado o abogada que represente los intereses de los menores que se encuentren en procesos judiciales y procedimientos administrativos.
En la Ley se especifica que es facultad del Poder Ejecutivo realizar los convenios correspondientes con el Colegio de Abogados para crear un registro y regularizar los honorarios de los profesionales.
Según fuentes de la entidad que nuclea los profesionales de la abogacía “la norma está operativa, porque existe el registro de abogados y abogadas capacitados en defensa de niños, niñas y adolescentes, es más, algunos ya tienen casos asignados. No obstante, nunca se reglamentó esa parte de la Ley ni se generaron los convenios correspondientes de capacitación por parte del Estado”.
En este contexto, el Diputado Provincial Sergio “Checho” Basile, presentó un pedido al ejecutivo provincial para que, por intermedio del organismo que corresponda, se realicen las gestiones necesarias para celebrar los convenios que regularicen la situación y se informe a la Cámara Baja los motivos por los cuales aún no se llevaron a cabo.
Al respecto, Basile expresó: “el pedido que realizamos responde a la necesidad de que el Estado se involucre estableciendo reglas claras en el proceso de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hace casi dos años que la ley fue aprobada por la legislatura provincial y no hay justificativos para que no esté en pleno funcionamiento”.
“La norma creóun registro donde se inscriben todos aquellos profesionales con matrícula vigente para actuar en territorio provincial. Los Colegios de Abogados fueron los encargados de confeccionar una lista de profesionales que cumplimenten con los requisitos establecidos en la Ley, como por ejemplo, acreditar “capacitación específica” en legislación en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes” explicó el diputado.
Para finalizar, Basile fue contundente: “Recientemente, y como consecuencia del aberrante caso de Lucio, tuvimos conocimiento de un aumento considerable en la cantidad de denuncias por maltrato infantil en el país: se dispararon un 73%. Por este fenómeno es que hay que acelerar los tiempos en la firma de los convenios que regularicen el accionar de los profesionales inscriptos en las diferentes circunscripciones del Colegios de Abogados de la provincia. Llegado el momento, no puede existir ningún pretexto para que un niño, niña o adolescente, no tenga un debido defensor de sus derechos”.
