La jueza Capuchetti no exculpó a ningún funcionario y convocó a vacunados para explicar su inoculación. Según el fallo “no existe un tipo penal” que criminalice a un funcionario por otorgar “tratos especiales”.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves el archivo de una parte de la causa conocida como “vacunatorio VIP”, en el cual integrantes del gobierno y allegados recibieron vacunas contra el covid-19 con trato preferencial.
La magistrada no exculpó a ningún funcionario y convocó a varios vacunados para explicar la situación de su inoculación. Según el fallo “no existe un tipo penal” que criminalice a un funcionario por otorgar “tratos especiales”.
De ese archivo parcial se desprende que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”, aunque sí podría acarrear a los implicados “sanciones de orden administrativo” de acuerdo con lo que establece la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública.
La investigación, respecto de los hechos relacionados con personas vacunas y que no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios, continua. Entre ellos las vacunaciones de dos hijas del ex presidente interino Eduardo Duhalde y de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizotti, ambos médicos y mayores de 70 años de edad. También sigue abiertos el caso por el posible “desvió” de 60 vacunas del Hospital Posadas a El Calafate.
Este fallo no resuelve la situación procesal de ninguno de los funcionarios y ex funcionarios investigados, entre ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, quien continúa sujeto a la investigación.
De los 70 casos iniciales de personas que fueron vacunadas contra el coronavirus “con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población”, 65 fueron inicialmente descartados como delitos.
Son casos “prioritarios” (mayores de 60 años, personal de salud y estratégicos, y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) sobre las cuales “no existía ni existe un orden normativo de prelación”, pues el Ministerio de Salud “expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea”.
Además, la jueza Capuchetti dispuso la formación de un nuevo legajo de investigación con un listado de unas 300 personas aportado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Fuente: Perfil
