Empecinada en arruinarles cualquier alegría a los argentinos (campeonato mundial de fútbol, fiestas de fin de año y ahora las vacaciones del estío), la dupla Cristina Kirchner-Alberto Fernández demostró que la profunda polarización de la sociedad argentina no es obra de la política y ni siquiera de la ideología.
Joaquín Morales Solá
La Nación
Es una fractura entre el sistema y el antisistema, entre la democracia y el autoritarismo. Ese dueto político se parece más a Jair Bolsonaro que a Lula, a pesar de los esfuerzos que hacen por compararse con este último. Solo tres presidentes en los últimos años se negaron a entregarles los símbolos del poder presidencial a su sucesor democráticamente elegido: Cristina Kirchner, Donald Trump y Bolsonaro. Es la prueba incontrastable de dónde se ubican en un mundo en el que la polarización ocurre en países con fuertes liderazgos antisistema. No es una opinión solo local. La prestigiosa organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch acaba de señalar en un lapidario informe que en la Argentina se “socava el Estado de Derecho” y “existen problemas de derechos humanos”. Cuando las cuestiones son esas, el intento de algunos de abrir un camino entre los extremos es vano, definitivamente inútil. La avenida del medio termina en ninguna parte. No se trata de acercar posiciones políticas; se trata de aceptar –o no– la destrucción del sistema político consagrado por la Constitución.
Si ningún político resiste un archivo, el caso de Alberto Fernández es peor: no le importa el archivo. Desde que Néstor Kirchner designó una Corte Suprema hasta que hizo campaña presidencial nominado por la candidata a vicepresidenta, el actual jefe del Estado siempre defendió al máximo tribunal, ya sea en la composición anterior o en la actual. “Son jueces probos y serios”, repetía en sus recurrentes paseos por los canales de noticias. Pero ahora acaba de convocar a sesiones extraordinarias para iniciarle un juicio político a la Corte Suprema. El proyecto de juicio político presentado por algunos diputados kirchneristas, encabezados por el infaltable Eduardo Valdés, es un mamarracho político y jurídico. Alberto Fernández construyó un método psicológico propio: borra de su memoria lo que hizo el día anterior. De esa manera, huye de la vergüenza que cualquier mortal sentiría durante mucho tiempo ante memorables papelones.
Los genuflexos que rodean a Cristina Kirchner sobreactúan sus posiciones en la búsqueda desesperada de su apoyo solo para ser candidatos presidenciales del Frente de Todos. Alberto Fernández acaba de lanzar un spot que es, en los hechos, el lanzamiento de su campaña electoral para la reelección. Nadie le avisó que su imagen y su intención de votos son más bajas que las de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, y eso que las encuestas están peleadas con estos desde hace mucho tiempo. La avenida del medio volvió a fracasar: ese spot presidencial comienza con una imagen de Mauricio Macri y con una frase del expresidente. Durante casi tres minutos, Alberto Fernández trata de responderle a Macri, supuestamente enfurecido (nunca se sabe cuál es el verdadero Alberto Fernández) porque el exmandatario de Juntos por el Cambio dijo que la sociedad argentina es una “sociedad fracasada”. Pudo haber dicho que es un país fracasado o que hay una dirigencia política fracasada, pero el fracaso nacional es innegable. A principios de los años 60, el producto bruto interno de la Argentina era similar al de Australia y Canadá. Según el último ranking del Fondo Monetario de los países por su PBI en 2022, la Argentina está en el número 30, mientras Canadá es la novena economía mundial. Australia ocupa el lugar número 13. De acuerdo con esa lista, la Argentina es un polizón en el G-20, el grupo que nuclea a los 20 países con las economías más importantes del mundo. Solo la natural elegancia de la diplomacia impide que las principales naciones del mundo no le muestren al país la puerta de salida. Casi la mitad de la sociedad vive bajo la línea de la pobreza y casi la mitad de los trabajadores están laboralmente en negro. La ampliación de la pobreza significa siempre una reducción de la clase media. Desde noviembre de 2011, hace más de 11 años, la economía argentina está estancada o en recesión. La inseguridad y el tráfico y consumo de drogas son fenómenos ya fuera de control. Los jóvenes que pueden se van del país y los que no pueden se van de la democracia, según una conclusión del politólogo Eduardo Fidanza. Si todo eso no es la definición del fracaso, es imposible establecer cómo se describe un fracaso. ¿O, acaso, el Premio Nobel de la Paz a Carlos Saavedra Lamas en 1936 borra las miserias del presente, como intentó decir el Presidente? Otro papelón.
El escrito de pedido de juicio político a la Corte Suprema es claramente un cachivache intelectual. Lo fundamentan en dos decisiones del tribunal: la cautelar que le ordenó al gobierno nacional restituirle a la Capital recursos ilegalmente hurtados y la sentencia que declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura. Nada. Son facultades propias de la Corte, como es el control de constitucionalidad. También lo piden por una investigación sobre la Obra Social del Poder Judicial, que depende directamente de la Corte Suprema. La intención es caer sobre el juez Juan Carlos Maqueda, porque este es el interlocutor entre la obra social y el pleno de la Corte. Se trata de una investigación que ya se hizo en los tribunales federales. El fiscal Carlos Stornelli hurgó en ese tema durante mucho tiempo. No encontró nada y pidió el archivo de la causa. El juez federal Ariel Lijo se obstina por extrañas razones en dejar abierta esa causa. Maqueda lleva 50 años de vida pública y nunca fue acusado de ningún acto deshonesto.
La otra razón del juicio político es la sentencia que reconoció el dos por uno en el cumplimiento de las penas para los condenados por delitos de lesa humanidad. Ese beneficio está en el Código Penal y este no hace ninguna excepción con los que cometieron crímenes durante la dictadura. Es lo que interpretaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Una entonces mayoría del tribunal. Una ley posterior les sacó ese beneficio a los presos por delitos de lesa humanidad. Entonces, Rosatti y Highton de Nolasco desistieron de su posición anterior, aunque las leyes penales no pueden ser aplicadas retroactivamente. Las garantías legales y constitucionales fueron escritas para los peores; los buenos no necesitan que los proteja la ley. El tercer motivo del juicio político son conversaciones telefónicas capturadas ilegalmente entre dos funcionarios, ninguno miembro de la Corte Suprema. Uno es Silvio Robles, vocero de Rosatti, y el otro es el ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro, ahora en uso de licencia.
Los tres jueces que integran la actual mayoría de la Corte (Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) no irán a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Con un informe escrito será suficiente. La ley no los obliga a someterse a la calumnia y la difamación que cometerán muchos diputados cristinistas amparados en los fueros parlamentarios. No son esos jueces los que necesitan el show. No se sabe qué hará el cuarto miembro del tribunal, Ricardo Lorenzetti, aunque dijo que él se siente ubicado en el mismo banquillo de los acusados en el que están los otros tres. A las reuniones de la Comisión pueden concurrir todos los diputados que quieran, aunque solo pueden votar sus miembros. “Justicia plebiscitaria para el máximo tribunal de justicia del país”, concluyó el abogado Bernardo Saravia Frías, y agregó: “Un juicio público, al mejor estilo de la Florencia de Savonarola”. El argumento de los que proponen el cantinflesco juicio es que se trata de un juicio político y, por lo tanto, no rigen las normas del debido proceso ni del juicio justo. Es decir, un juicio a la bartola.
Los cambiemitas destacaron el viernes el documento de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que tres días antes avalaron la decisión de los líderes parlamentarios de la coalición opositora de no ayudar a la aprobación de ninguna ley del Gobierno mientras esté en marcha el juicio político a la Corte. Ni siquiera la que autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar partidas para pagarle a la Capital parte de lo que le sacó. Nuevo y vano intento de dividir a la oposición. Sergio Massa, otro caminante de la avenida del medio, se pasó al extremo del kirchnerismo. ¿Dónde, cuándo se perdió la avenida del medio? ¿Existió realmente en algún momento que nadie recuerda?
