El juez federal de Dolores expone ante la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, sin la presencia de Cambiemos. Dio detalles de la investigación sobre la supuesta extorsión en nombre del fiscal Carlos Stornelli.
“Estamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitudes”, sentenció este miércoles el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para brindar detalles de la investigación que lleva adelante contra el fiscal Carlos Stornelli.
Con la ausencia de los legisladores de Cambiemos, que advirtieron que “no le harían el juego” a “una puesta en escena del kirchnerismo”, Ramos Padilla habló ante la comisión presidida por Leopoldo Moreau por la causa en la que fue procesado con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio.
D’Alessio está acusado de extorsión al empresario Pedro Etchebest en nombre de Stornelli, quien instruye la causa de “los cuadernos de la corrupción”, donde están involucrados la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios.
“Creo que los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento a la ciudadanía del contenido de una investigación de estas características”, sostuvo Ramos Padilla al iniciar su exposición, ante la sala repleta del Anexo C de la Cámara baja.
El magistrado destacó que apenas dictó el procesamiento de D’Alessio, la Comisión Bicameral de Fiscalización y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia le requirió información. “Se trata de documentos, archivos y legajos que tienen información sensible”, señaló.
Además, sostuvo que “a esta altura de la investigación no hay afectación alguna a la Ley de Inteligencia Nacional” ya que tanto la Agencia Federal de Inteligencia como el Ministerio Público confirmaron que D’Alessio “no es agente ni funcionario público”.
El juez detalló que el empresario Etchebest denunció el 28 de enero pasado una “extorsión en curso”, y que adjuntó 14 horas de audios, videos e imágenes, formulando una querella en la que implicaba a un juez y a un fiscal en el pedido de dinero.
“Nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero a quien decía públicamente que era agente de la DEA”, aclaró.
Detalló además que se dispuso inmediatamente la intervención telefónica de D’Alessio, y que “en solo 10 días de investigación” se detectaron “varios hechos que daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea y de todo tipo”.
En esas conversaciones se decía, por ejemplo, “yo no los quiero meter en cana a los chabones, yo los quiero hacer desaparecer”, a lo que D’Alessio respondía: “Yo me dedico a estas cosas, yo me dedico a esto”.
A continuación, Ramos Padilla leyó partes de las escuchas en las que quedaban expuestas las presuntas extorsiones a las que se dedicaba, y comentó que en una de esas conversaciones, Prefectura le hizo saber que “se podía haber filtrado el allanamiento” próximo a realizarse, y por ese motivo se libraron órdenes a jueces de diferentes circunscripciones.
Ramos Padilla decidió realizar el allanamiento él mismo, junto a dos secretarios y una pequeña comisión de Prefectura. “Ahí es donde cambia el objeto de la investigación 180 grados”, comentó, pues dijo haber encontrado documentación y legajos de Inteligencia; cuadernos con datos sensibles acerca de familiares y allegados de las personas que eran objetivos; y elementos de espionaje, como cámaras ocultas y drones.
El juez reprodujo ante los diputados un audio en el que se escucha a D’Alessio resistirse al allanamiento, advirtiendo que para realizarlo debían hablar primero con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; con el titular de la AFI, Gustavo Arribas; o hasta con el propio presidente Mauricio Macri.
También transmitió un audio en el que se escuchaba a D’Alessio asegurando que llevaba adelante investigaciones sobre casos de terrorismo y narcotráfico.
“A partir de ese momento, un allanamiento duró 12 horas, decidimos correr vista al fiscal, que amplió la investigación y requirió que se investigue la asociación ilícita”, informó el magistrado, que contó que a partir de entonces comenzó a discutirse el tema en los medios de prensa.
Fue en ese momento cuando la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un tuit advirtiendo que “esta investigación era una operación”, y a las pocas horas el blog del periodista Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna, difundió el caso.
En los días siguientes, comentó el juez, se siguió hablando en los medios de comunicación de que “esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad, desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político y judicial de magnitudes”.
A continuación, Ramos Padilla advirtió que “lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países”.
Por eso, indicó que para darle “institucionalidad” a la causa y “avanzar en la averiguación de la verdad” pidió la intervención del procurador general de la Nación Eduardo Casal, pero no obtuvo “la respuesta esperada”.
“Estamos hablando de una organización al menos paraestatal, con vinculaciones de todo tipo”, denunció Ramos Padilla en otro tramo de su exposición, y alertó que “muchos periodistas pueden haber sido afectados en su buena fe y haber formado parte de una maniobra de espionaje ilegal de la que ellos no tenían conocimiento”.
