El Estado perdió el juicio por la expropiación realizada en 2008 a la española Marsans. Deberá pagar unos US$ 320 millones
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló sobre la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ordenada por Cristina Kirchner en 2008, y ordenó al Estado a pagar 320,7 millones de dólares más gastos legales.
El fallo había sido emitido por el CIADI en 2017, pero no estaba firme debido a una solicitud de anulación realizada por el Gobierno que finalmente fue rechazada. En su momento, el presidente Mauricio Macri dijo que a esta situación se llegó por “la inmensa torpeza y arrogancia que el Gobierno anterior tuvo con Aerolíneas”.
Al momento de la expropiación, la empresa pertenecía al grupo español Marsans. Pero el juicio fue comprado por tres empresas que se quedaron con la representación de Marsans (Teinver, Transportes de Cercanías y Urbanos del Sur). El 18 de julio de 2008, al día siguiente del voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos, la presidenta Cristina Kirchner anunció la nacionalización de la compañía.
El miércoles a la noche, fuentes oficiales informaron que “la solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de US$ 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”.
Agregaron que “la Argentina había intentado anular el laudo que ya había sido dictado por el CIADI en 2017 y por el cual debía pagar US$ 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas. El país argumentó en el pedido de anulación elevado al CIADI que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que había habido un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda. Acá hubo una defensa negligente que hemos heredado del pasado, pero queda todavía un último recurso de revisión a presentar”.
El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el CIADI ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.
El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014 cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.
Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el CIADI a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.
Con información de Clarín
