El Ejecutivo quiere insistir con el traspaso a manos privadas de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. Entre todas suman 76.000 empleados.
El Gobierno buscará insistir la semana próxima en la votación en Diputados de la Ley Bases que vino del Senado, con la versión original del artículo de las privatizaciones que incluía Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). En esa redacción -que obtuvo media sanción el 30 de abril- , el listado incluía 11 empresas a privatizar total o parcialmente, o a concesionar, de las 41 que inicialmente el Ejecutivo había incluido en la primera mega ley Bases u “Ómnibus” que nunca llegó a ser aprobada en la Cámara baja.
Pero en el tratamiento en el Senado, para evitar que el capítulo II de privatizaciones fuera rechazado, el oficialismo aceptó retirar a esas tres empresas antes de la sesión. Fue parte de las negociaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la oposición dialoguista para poder celebrar el triunfo político de la aprobación del proyecto en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza tiene solo 7 senadores sobre un total de 72 miembros. El bloque del PRO, su aliado casi incondicional, cuenta con apenas seis.
El capítulo aprobado en la Cámara alta estuvo al borde del rechazo en el recinto, por la oposición a que Aerolíneas pase a manos privadas de los legisladores patagónicos y de un sector de los radicales. Argumentaron la necesidad de conectar el territorio argentino, más allá del lucro comercial de la empresa, y su valor para el turismo nacional. En esa negociación también pesó el lobby de los gremios aeronáuticos en defensa de la aerolínea de bandera. Días antes, el Papa Francisco tuvo también un gesto de apoyo público a la empresa al recibir, en el Vaticano, al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, y sacarse una foto juntos los sindicalistas con la bandera de Aerolíneas Argentinas.
Al no tener los votos en la Cámara alta, Francos decidió excluir la compañía aérea, al Correo y a RTA, está última, de fuerte valor simbólico en el discurso privatista de Milei. Por mayoría simple, el texto del Senado incluyó solo a Energía Argentina SA (ex Enarsa) e Intercargo, sujetas a privatización total; a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado; y a Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales como empresas sujetas a su privatización o concesión.
Los números de las empresas
En conjunto, las 11 compañías estatales que el Ejecutivo quiere que pasen a manos privadas suman 76.189 empleados, según los datos del INDEC correspondientes a abril último. La cifra es superior, en 4.772 empleados, a la brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a Infobae, para el mismo mes, en respuesta a un pedido de Acceso a la Información Pública.
Si se contabilizan sus resultados operativos – o sea, antes de la asistencia del Tesoro nacional – en los primeros tres meses del año, la cifra global arroja un rojo de $508.596 millones, o sea más de medio de billón de pesos, según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral de ejecución presupuestaria y analizados por Infobae. En total, sumadas, requirieron asistencia del Tesoro nacional en concepto de transferencias corrientes (para su funcionamiento) por $500.633 millones.
La más numerosa, en personal, de las empresas públicas a privatizar es SOFSE, que opera Trenes Argentinos y tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y los servicios regionales y de larga distancia, incluida la línea internacional Posadas-Encarnación. Cuenta con 23.555 empleados. Su resultado operativo en el primer trimestre del año fue negativo por $134.626 millones y recibió transferencias corrientes del Tesoro por $129.302 millones, y de capital por otros $850 millones.
Le sigue en personal el Correo Argentino, con 15.907 empleados, que se distribuyen en 3.300 puntos de venta en todo el país. Tuvo un rojo en su operación en los tres primeros meses del año de $20.647 millones, que fue cubierto con transferencias corrientes del Tesoro por $31.800 millones.
Luego aparece Aerolíneas Argentinas, con 11.577 personas trabajando en tierra y aire, agrupadas en cinco gremios. La aerolínea de bandera tuvo un resultado operativo negativo de $115.308 millones en los tres primeros meses del año, pero no recibió fondos del Ministerio de Economía en ese período.
En dotación de personal le sigue AYSA con 7.228 empleados. Los números en rojo de la prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA en ese período fueron de -$50.640 millones y tuvo una asistencia para gastos corrientes del Tesoro de $10.791 millones, y de capital de $810 millones.
La firma Belgrano Cargas tiene 4.589 empleados y, en los tres primeros meses de 2024, su déficit operativo fue de -$13.833 millones. Desde la cartera de Economía le giraron una cifra ligeramente inferior: $12.296 millones.
Corredores Viales – concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales- cuenta con 3.649 empleados y tuvo un resultado operativo negativo de enero a marzo de -$10.368 millones, y un giro desde el Tesoro en los tres meses de $7.004 millones.
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) – la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares cuenta con 3.176 empleados. Es la única – junto con Intercargo – que tuvo un superávit operativo de $76.912 millones en el primer trimestre de 2024. Se explica básicamente por la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por $159.493 millones.
Tanto Nucleoeléctrica como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, tienen condiciones diferenciadas del resto a la hora de su posible privatización en el proyecto de la Ley Bases. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad.
YCRT – que opera en la provincia de Santa Cruz – cuenta con 2.135 trabajadores, según el número que figura en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), ya que el INDEC no informa su dotación. Su resultado operativo también fue negativo, de -$16.065 millones y requirió una asistencia de Economía de $8.000 millones en los tres primeros meses del año.
RTA, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país, cuenta actualmente con 2.361 trabajadores. También registró un déficit en su operación de -$11.015 millones en el primer trimestre del año. Fue cubierto con giros corrientes del Tesoro por $10.217 millones.
El superávit de Intercargo, en tanto, en el mismo período, fue de $5.615 millones. La prestadora de servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos emplea a 1.646 personas.
Energía Argentina, la ex ENARSA que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados, tiene 366 empleados. La empresa tiene a cargo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Su déficit operativo en los tres primeros meses del año fue de -$ 218.623, el mayor de estas 11 empresas. Y también fue la que recibió mayores aportes del Tesoro para su operación en este período: $291.222 millones de transferencias corrientes, y $33.000 millones de transferencias de capital.
