El amparo había sido impulsado por dos organizaciones que pidieron que se anule el protocolo para la interrupción legal del embarazo.
Cecilia Madariaga Gilardi de Negre es la jueza que dispuso la suspensión de la venta de misoprostol en todas las farmacias del país. El argumento es que sería un medicamento peligrosísimo que solo puede usarse a nivel hospitalario, con alta vigilancia medica y no de manera domiciliaria.
Hasta ahora, esta droga se vendía en farmacias, en tabletas de 200 mg para iniciar un aborto temprano.
La medida responde a un amparo presentado por la organización Portal de Belén (PdB) y la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci). Fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.
El planteo contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) afectaría la venta en farmacias bajo receta archivada, pero no aplica para el tratamiento de abortos no-punibles realizados en los hospitales. En diciembre del año pasado, la ANMAT aclaraba que su Resolución 946 autorizaba la venta del misoprostol en farmacias pero que se habían adoptado “múltiples medidas de seguridad a través de las herramientas técnicas de farmacovigilancia”.
Desde la organización Portal de Belén (PdB) indican que el laboratorio que produce la droga solicitó que le permitieran la venta en formato propio de farmacia de cuatro, ocho o 12 comprimidos y se lo autorizó pero en el prospecto seguía figurando que sólo se puede usar en hospitales, con alta vigilancia médica.
Según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento médico del aborto, que generalmente se realiza con una combinación de mifepristona y misoprostol o solo con misoprostol, es fundamental para proporcionar acceso al aborto seguro, eficaz y aceptable.
