El calendario aprieta. En solo tres semanas, antes del 31 de diciembre, la ley de presupuesto 2026 debería ser sancionada por ambas cámaras si se pretende evitar una tercera prórroga consecutiva del actual presupuesto, lo que dejaría en evidencia el fuerte traspié del oficialismo en su negociación con los gobernadores. Consciente de ello, el Gobierno comenzó a anudar acuerdos con distintas provincias y confía en que logrará el objetivo, aunque la duda es todavía a qué costo.
La iniciativa comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados el 15 de este mes, una vez conformada la Comisión de Presupuesto; la intención de su presidente, Martín Menem, es llevarla al recinto para darle media sanción dos días después para inmediatamente girarla al Senado. En paralelo se constituirá la Comisión de Legislación Penal para avanzar en el proyecto de Inocencia Fiscal, ideada por el Ministerio de Economía para incentivar a que la gente saque los “dólares del colchón” para alentar el consumo y la inversión.
En paralelo, en la Cámara alta se iniciará la discusión de la llamada modernización laboral, cuyo texto final todavía se desconoce; si bien la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intentará apurar la marcha, en el oficialismo deslizan que, por su complejidad, la Cámara de Diputados recién podrá convertirla en ley en las sesiones extraordinarias que se convoquen para enero y febrero próximos.
Lo mismo sucedería con la ambiciosa reforma del Código Penal propiciada por Bullrich; la exministra de Seguridad pretende crear una comisión bicameral para acelerar el tratamiento de esta iniciativa –que aún no fue presentada al Congreso-, pero difícilmente vea la luz antes de marzo próximo, admiten en el oficialismo.
La prioridad del Gobierno está puesta en sancionar la ley de presupuesto 2026 para ofrecer una primera señal de gobernabilidad a los mercados, el gobierno de los Estados Unidos y los organismos de crédito internacionales.
El éxito en la velocidad del tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos alcanzados con los gobernadores. En ello trabajan a contrarreloj Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli: ambos descuentan que la ley será aprobada, aunque el desafío de ambos será evitar que, durante la discusión en particular de los artículos, la oposición se salga de libreto e incorpore alguna cláusula que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
