La medida responde a una sanción por corrupción donde, además de la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y el exministro Julio de Vido tampoco podrán ingresar al país.
Este viernes, Estados Unidos anunció la prohibición para ingresar a su territorio de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y también al exministro de Planificación, Julio De Vido.
Según detalla el comunicado oficial del Departamento de Estado norteamericano, a Cristina Kirchner y De Vido se los acusa “de abusar de su posición para orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desfalco de millones de dólares del gobierno argentino”.
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Pese a la fuerte denuncia, no hay mención específica a ninguna de las causas en donde la expresidenta o su entorno son investigados por la Justicia argentina. Es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se expide de esta manera sobre la administración kirchnerista.
“Múltiples tribunales han condenado a Cristina Kirchner y Julio De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”, señala el documento emitido por la administración de Donald Trump.
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Las sanciones publicadas en el día de hoy fueron impuestas bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, extendida por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025. Esta legislación exige que el Secretario de Estado sancione pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando existan pruebas creíbles de su participación en actos de corrupción significativa o en violaciones graves a los derechos humanos.
Las distintas dependencias de Estados Unidos -el Departamento del Tesoro, de Justicia o, como en este caso, el de Estado- suelen aplicar distintas sanciones ante hechos de corrupción o socavamiento a las instituciones democráticas, como es el caso de las múltiples sanciones impuestas contra Nicolás Maduro y los altos mandos del gobierno venezolano.