La iniciativa, que pasó para su debate en Diputados, obliga al Poder Ejecutivo a conseguir la ratificación de los DNU en ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos y si no lo consigue, quedarán derogados
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia(DNU) con una visión restrictivaque obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumento.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se negó a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso.
Sólo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.
El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.
Además, la norma que redactó de puño y letra la por entonces senadora y primera dama obliga al rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De hecho, basta la aprobación de una de ellas para dejar firme un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.
Ahora, la situación podría dar un giro de 180 grados. Es que el texto aprobado por la Cámara alta esta tarde marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.
Así, el proyecto termina con la sanción ficta al establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue ese respaldo, queda derogado de manera automática.
La iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).
Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.
Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.
La segunda también parece inspirada en el megadecreto emitido por Milei a poco de asumir la presidencia, ya que habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.
La tercera, establece de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo, que opera el 1° de marzo de cada año. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.
Durante el debate se escucharon críticas al “abuso” de la administración libertaria en el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
“El Gobierno tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto y ahora, cuando le va mal porque el Congreso le rechaza sus decretos, quiere ir a la Justicia. Esto es el absurdo del absurdo”, sentenció la kirchnerista Florencia López (La Rioja).
