La decisión sería anunciada en el discurso del 1° de marzo. Antes de avanzar, el Gobierno se reunirá con la Mesa de Enlace para explicar el alcance de la medida.
Con el objetivo de aumentar la recaudación “con lógica redistributiva”, el gobierno de Alberto Fernández analiza por estas horas aumentar tres puntos porcentuales las retenciones a la soja y sus derivados. La decisión sería anunciada por el presidente en su discurso del próximo 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.
El Gobierno cuenta con la facultad de elevar desde el 30 por ciento actual hasta el 33 por ciento las alícuotas por los derechos de exportación. El 33% es el tope. Así lo estableció la ley de emergencia, votada por el Congreso a fines de diciembre.
En cuanto a la soja, la ley autoriza aumentar de 30% a 33% y para trigo y maíz la suba podrá ser de 12% a 15%, aunque establece compensaciones para pequeños productores y cooperativistas. Para productos agroindustriales de economías regionales se establecía una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se redujo el tope del 12 al 8%.
Esta decisión del gobierno tensaría aún más la relación con el campo, aunque desde el oficialismo aseguran que habrá segmentaciones y compensaciones para minimizar el impacto de las subas. Según consigna La Nación, en las próximas horas está prevista una nueva reunión entre funcionarios del Gobierno y la Mesa de Enlace, en la cual el presidente les informaría lo que será anunciado ante la Asamblea Legislativa.
En el sector agropecuario el malestar es tan grande que el viernes pasado, luego de una asamblea en San Miguel de Tucumán, los productores de Apronor y de la Sociedad Rural de Tucumán decidieron hacer un paro de siete días, desde el lunes 2 de marzo, sin el aval de las entidades centrales.
Desde el Gobierno pretenden avanzar con esta medida argumentando que hay sectores que “deben contribuir”, pero la intención es “dialogar” con los principales referentes del sector agropecuario para que no se produzcan protestas similares a las que siguieron a la resolución 125 en 2008.
