El Gobierno nacional oficializó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a seis meses del inicio del proceso de desmantelamiento.
La medida se hizo oficial a través del decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece: “Disuélvese Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. A su vez, el Ejecutivo transfirió la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” a la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, el ministerio “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”. Con respecto al personal del INADI, dispusieron que aquellos alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones de los dispuesto en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias”.
Así, el Ejecutivo pone fin al proceso que inició en febrero de este año, cuando anunció el cierre del instituto. Adorni también fue quien lo comunicó en esa oportunidad. “Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en una de sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada. Y desarrolló: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”.
Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país.
“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
Luego de este anuncio, se conocieron los detalles de la decisión a través de un comunicado del Ministerio de Justicia. “(El INADI) Contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, indicaron y precisaron que en los primeros dos meses del año “se resolvieron 2.000 de ellos”.
La eliminación se debe “a la decisión de suprimir (dependencias) de diferentes organismos con estructuras superpobladas que no cumplían con las funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fueron creados”.
De hecho, en su considerando, la norma alega que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional del INADI”. En línea con los argumentos utilizados por el Gobierno, el decreto menciona que el organismo contaba con: 431 agentes activos al momento de asumir la actual gestión de gobierno, distribuidos en 44 sedes, entre delegaciones y subdelegaciones en todo el país, “sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores”.
“El Estado nacional abonó los salarios de dicho personal, el que solo en el mes de marzo de 2024 implicó una erogación total de $315.644.195,87, monto que equivale aproximadamente a 2347 jubilaciones mínimas”, alegaron.
Sobre las tareas del INADI, determinaron también que “las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas no cuentan con el correspondiente expediente administrativo ni documentación de respaldo”. “Transcurridos más de 20 años desde entonces, el INADI no ha elaborado aún el ‘Plan Nacional contra la Discriminación’, agregaron.
