La central obrera se manifestó este miércoles y pidió que las reformas sean tratadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional.
La CGT se movilizó para escenificar su presentación en la Justicia para tratar de invalidar el decreto de necesidad y urgencia que impulsó Javier Milei para desregular la economía y reformar la legislación laboral. La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. El magistrado rechazó hoy conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.
En paralelo al formalismo judicial, la CGT hizo público un duro documento contra el Gobierno que se titula “Somos los trabajadores, no la casta” y que cuestiona, por ejemplo, que no se permita el debate de los cambios en el Congreso. “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó la central obrera peronista.
Y agregó: “Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. No se confunda señor presidente, somos trabajadores, no la casta”.
El documento completo
El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.
Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales
El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.
No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.
Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.
El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.
Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.
Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.
No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.
Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.
Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.
Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.
NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE. NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES
