Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se encuentran tras la investigación de una asociación ilícita y fraude al Estado nacional. En este contexto, dieron a conocer a los acusados y sus respectivas responsabilidades.
Antes de que el fiscal Diego Luciani dé a conocer los pedidos de condena para cada uno de los 13 acusados en el juicio oral de la causa Vialidad, el fiscal co-adjunto Sergio Mola describió, desde el comienzo de la audiencia, qué responsabilidad tuvieron cada uno de ellos en la maniobra mediante la cual se direccionó obra pública a favor de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
A continuación, los trece acusados, de acuerdo al orden que siguió la fiscalía para detallar sus responsabilidades.
1. José López
Conocido como “el hombre de los bolsos”, López ostentó durante 12 años el cargo de secretario de Obras Públicas. Los fiscales hicieron énfasis en cómo López reportaba a Cristina Kirchner por determinadas obras que tenían asiento en la provincia de Santa Cruz y en su vínculo aceitado con Lázaro Báez y sus colaboradores.
En la audiencia, el fiscal Sergio Mola recordó algunos de los mensajes del celular de José López que exhibió el fiscal Diego Luciani a lo largo de su alegato para señalar el involucramiento de la vicepresidenta en obras que estaban a cargo de Lázaro Báez y para sostener que tanto José López como Abel Fatala, que trabajaba bajo su órbita, estaban relacionados y tenían intervención sobre las órbitas de la Dirección Nacional de Vialidad.
2. Abel Fatala
Fatala fue subsecretario de Obras Públicas, es decir que se desempeñaba en la secretaría que manejaba José López y que se encontraba bajo la órbita de Julio De Vido, entonces titular del Ministerio de Planificación. Cuando se defendió de las acusaciones argumentó que cuando llegó a su cargo gran parte de las obras ya habían sido licitadas. El fiscal no solo rechazó sus argumentos sino que dijo que Fatala tenía estrechos vínculos con López y con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.
“Hay que considerar que Fatala ejerció su cargo durante más de siete años. Justamente por ello deben ser relativizados sus dichos en esta audiencia respecto de que asumió en 2008 y de que en ese momento gran parte de las obras habían sido adjudicadas. Esto hay que relativizarlo porque solo a partir de ese entonces se adjudicaron 13 obras más y había 33 más en licitación, y 10 de ellas ya reflejaban ostensibles demoras”, dijo Mola en la audiencia de hoy respecto de Fatala, a quien también relacionó con López mediante los mensajes de su celular con alusiones a obras viales. A Fatala, sin embargo, no se lo considera como miembro de la asociación ilícita sino que se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
3. Nelson Periotti
Fue titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante los tres gobiernos kirchneristas. Además fue intendente de Río Turbio y titular de la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz; cargo que tuvo mientras Néstor Kirchner mientras fue gobernador de esa provincia. “La relación de confianza es uno de los motores que dio inicio a la maniobra y la mantuvo en movimiento” dijo Mola hoy respecto de la designación de Periotti como titular de la DNV.
“Periotti cumplió un rol fundamental en la maniobra, detentó la competencia ya sea de convocar a los llamados de licitación en Santa Cruz o celebrar los convenios con Santa Cruz como máxima autoridad en materia vial para convalidar cada una de esas acciones”, dijo Mola. “Se puso y les puso a sus funcionarios una venda en los ojos”, agregó Mola sobre la falta de controles. Y mencionó distintas resoluciones firmadas por Periotti que permitieron celebrar los convenios entre la Nación y Santa Cruz y relajar los controles sobre las obras de Báez. Periotti es señalado en la acusación como organizador de la asociación ilícita.
4. Raúl Daruich
Fue uno de los responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. Su responsabilidad está vinculada, según la acusación, al trámite de los procesos licitatorios de los que resultaron adjudicatarias las empresas de Lázaro Báez. En el caso de las obras llevadas a cabo por la suscripción de convenios entre la DNV y la AGVP en cada uno de los . Allí Daruich se relacionó con Miguel Salazar, un empleado de Lázaro Báez que, según ratificaron testigos y sostuvieron los acusadores en este juicio, tenía un lugar informal pero de peso en la AGVP.
Está explicada tenía la facultad de revisar esos trabajos cada obra tenía una particularidad Y enumeró la cantidad de licitaciones en las que intervino Daruich. También intervino en la ejecución de obras que habían sido ejecutadas antes de que él asumiera el cargo. se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
5. Mauricio Collareda
Fue jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. Según la acusación, desde su rol intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Lázaro Báez y de otras en las que la DNV resultaba comitente. “Se modificaron ítems, se echó mano a invocar la peor crisis de la historia, en todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de 319 millones de pesos, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada. Acá intervinieron estos funcionarios”, dijo respecto de Collareda y Daruich.
“No tomó ninguna medida (después del informe del 2013 sobre su distrito) para palear las deficiencias en los controles que tenían que hacer y que constituía su principal misión”, agregó el fiscal. A Collaera de le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
6. Héctor Garro
Fue presidente de la AGVP. El fiscal Diego Luciani dijo que si bien Garro ejerció la presidencia de AGVP entre 2005 y 2006, ya se desempeñaba en esa dependencia con anterioridad y había tenido participación en actos administrativos que resultaron favorables a Lázaro Báez. “No desconocía ni era ajeno a la manibora cuando asumió. Era vicepresidente del directorio de la AGVP antes de ser titular y ahí cometió actos administrativos que adjudicaron obras a Báez”, dijo el fiscal.
Dijo que como vicepresidente a cargo de la presidencia Garro decidió llamados a licitaciones ad referendum, y que esto no estaba permitido. También dijo que designó a los miembros de la comisión de preadjudicación, y que adjudicó obras a empresas de Lázaro Báez y a UTEs pese a que no habían sido presentados los certificados requeridos. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
7. Juan Carlos Villafañe
Antes de ser jefe de la AGVP desde septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Previamente fue intendente de Río Gallegos y también fue Jefe del Distrito 23. “Fue designado como jefe de distrito por decisión de Nelson Periotti y fue el primero en acatar la resolución 1005. De esa manera se dejaron asentadas las bases en el distrito para las maniobras ilegales y marcó el camino que siguieron luego los siguientes jefes de distrito″, dijo el fiscal Luciani.
Y también responsabilizó a Villafañe por la celeridad con la que se llevaban adelante los procesos licitatorios en los que estaban involucradas las empresas de Lázaro Báez, ya que su firma fue parte de los mismos. Una vez más Luciani dijo que los procesos licitatorios que involucraban a Báez transcurrían en un promedio de 28 días mientras que en los demás casos, donde Báez no participaba, el tiempo promedio era de 150 días. Y cuestionó el hecho de que en su declaración indagatoria Villafañe dijera que no conocía a Lázaro Báez. se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
8. Raúl Pavesi
Fue otro de los titulares de la AGVP y tuvo intervención directa en la adjudicación de obras viales a Báez. El fiscal Luciani citó ejemplos de las licitaciones en las que participó Pavesi y dijo: “Se puede advertir cómo en todos los casos competían dos o tres empresas de Báez y siempre Petersen y a veces otras como Equimac o CPC. En todos los casos Austral presentaba el mismo representante técnico sin importar el lugar geográfico a desarrollar las obras o que no se encontrara comprometido en otras obras. La empresa adjudicataria no aportó el certificado para adjudicación que era de suma relevancia. Y en todos los casos accedía a anticipos financieros”.
Al referirse a una serie de licitaciones se detuvo en una y a modo de ejemplo mencionó que Pavesi preadjudicó en dos días y que pocos días después adjudicó a Báez la obra. “Desconocemos cuándo firmó el contrato con Báez porque no tiene fecha. Muy desprolijo todo”, cuestionó hoy el fiscal. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
9. José Raúl Santibáñez
Fue presidente del directorio de AGVP e intervino en lo actos administrativos correspondientes a, al menos, 20 obras y autorizó incrementos de montos en contratos de obras ad referéndum incluso en casos donde el plazo había sido excedido. Igual que a los exfuncionarios provinciales, a Santibáñez se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Autorizó ampliaciones de plazo fundadas en razones financieras.
10. Lázaro Báez
El empresario patagónico era el dueño de Austral Construcciones y de otro paquete de empresas que recibieron decenas de contratos de obras públicas viales en Santa Cruz. “Llevó a cabo un rol trascendental como oferente y contratista de las licitaciones”, que, dijo, fueron empleadas como medio para favorecerlo. El fiscal dijo que Báez deberá responder en carácter de partícipe necesario de la asociación ilícita y aludió a cómo se gestó la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y cómo el empresario creó Austral Construcciones y las empresas relacionadas. Las licitaciones fueron manifiesta y deliberadamente amañadas para que resultaran adjudicatarias algunas de las empresas de Lázaro Báez. Báez es señalado en la acusación como organizador de la asociación ilícita.
“Sin importar si las obras se hacían o no en el tiempo y forma contractual, Báez recibía siderales sumas de dinero injustificadamente”, dijo Luciani. Y lo consideró responsables de varias normas de la ley de obra pública. “Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial”, agregó. Y continuó: “Báez manejaba sus expedientes en el distrito 23. Para Báez se dictó las resoluciones 1005, para neutralizar controles, y la 899, para que cobrara antes. No lo controlaban los órganos de control provinciales. A Báez el Estado le proporcionó planes de regularización impositiva a medida. Esquivaba el control de la IGJ, miraban para otro lado. Tenía línea directa con el secretario de obra publica y por su intermedio con la presidenta de la Nación, a través de quiénes cobraba los certificados y con quien le armaron el plan salida. Fue económicamente beneficiado por la maniobra. Volcó a su patrimonio personal los ingresos que ilícitamente obtuvo que ilegalmente recibió a través de las licitaciones ilegales en varios casos con abultados sobreprecios”. Y dijo que Báez fue “el niño mimado de las autoridades presidenciales”.
Para hablar del perjuicio al Estado el fiscal Mola primero aludió al peritaje realizado sobre cinco de las 51 obras que fueron adjudicadas a Báez. Citó los cinco casos y, en base a las conclusiones de los peritos Roberto Panizza y Juan Pablo Eloy Bona, (por parte de la Corte Suprema y de la Fiscalía), dijo que se encontraron en esos cinco contratos de obras más de 173 millones de dólares de sobreprecios. “Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”, precisó Mola.
11. Cristina Fernández de Kirchner
A la vicepresidenta Cristina Kirchner la acusan por la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”, dijo el fiscal, quien consideró que ella y Néstor Kirchner fueron quienes dieron las órdenes para que se llevaran adelante todos los actos administrativos que direccionaron obra pública vial a las empresas de Báez y la posterior neutralización de los controles sobre sus obras.
Luciani también la responsabilizó por el “plan salida” que se llevó adelante cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, articulado entre Lázaro Báez y las autoridades nacionales para “limpiar todo” y no dejar rastros del sistema que había sido implementado y continuado durante 12 años para -según la acusación- defraudar al Estado.
12. Julio De Vido
El exministro de Planificación Federal está acusado como otro de los organizadores de la asociación ilícita. Según un tramo de la acusación fiscal, Julio De Vido “modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio”. “Tenía el deber de administrar y velar por el patrimonio del erario”, dijo Luciani. “De Vido también tuvo un rol de importancia en la canalización de fondos hacia Báez. No solo en el comienzo de la maniobra sino en la ejecución del plan limpiar todo”.
13. Carlos Santiago Kirchner
“Es necesario trazar una distinción respecto de Carlos Santiago Kirchner”, dijo Luciani al referirse al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. “No llevó adelante los controles sobre Lázaro Báez que debía llevar, pero la prueba recolectada no indica que Carlos Kirchner ha intervenido efectivamente en la realización de obra pública vial en Santa Cruz”, dijo. “Omitió el cumplimiento de las disposiciones del decreto que establecía sus obligaciones y por ende incumplió con sus deberes como funcionario público”, dijo el fiscal, aunque consideró que Carlos Santiago Kirchner no participó de la asociación ilícita.
