En el Gobierno aseguran que la idea de presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para Aerolíneas Argentinas es una “alternativa fuerte que ya se está trabajando”. La idea, que comenzó a tomar cada vez más volumen tras la medida de fuerza de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) que dejó varados a cientos de pasajeros dentro de los aviones, podría presentarse en las próximas semanas ante la Secretaría de Trabajo.
La herramienta puede ser usada por cualquier empresa privada que entienda que su capacidad de trabajo se ve afectada por fuerza mayor o a causa de terceros y, si la Secretaría de Trabajo acepta el procedimiento, las autoridades de la compañía quedan autorizadas a modificar los convenios de trabajo, suspender empleados y despedir a trabajadores incluso con indemnizaciones más chicas.
“Con el PPC la empresa es más vendible, en un escenario ideal se llega a un acuerdo con los gremios y se ajusta la planta y se modifican convenios de trabajo, se mejoran las condiciones para el mercado”, dicen desde la Casa Rosada, que junto con la Secretaría de Transporte y las actuales autoridades de Aerolíneas Argentinas ya trabajan en la eventual privatización de la compañía.Ya son tres las líneas aéreas que preguntaron condiciones por Aerolíneas Argentinas. Estas son Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Linhas Aéreas (Brasil), a las que también se le suma un empresario con negocios en Bolivia que también se mostró interesado en adquirir la línea estatal. En Aerolíneas Argentinas se mantienen cautos respecto de dar nombres propios, pero aceptan que “hay grandes compañías aéreas interesadas”.
La empresa tiene, a la fecha, un déficit de 38 millones de dólares, que es la cantidad total de dinero que recibió del Estado para gastos corrientes en lo que va del 2024. “Sin ese dinero no podría funcionar”, insisten. Además, el Tesoro Nacional transfirió a las cuentas de la Aerolínea unos US$50 millones para retiros de empleados. Aerolíneas Argentinas posee unos 10.500 empleados y 81 aeronaves, que hacen que posea una estructura costosa.
En el decreto del 2 de octubre pasado en el que se declaró a la empresa “sujeta a privatización” se detalló que AA cuenta con una dotación de 1107 pilotos, lo que da un total de 14 pilotos por avión que para el oficialismo es “un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial”.En el Gobierno entienden que esa estructura se podría reducir en caso de llevar adelante el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), aunque antes de llegar a esa instancia le dieron a los gremios aeronáuticos la oportunidad de que presenten un plan de trabajo consistente que evite asambleas y permita el normal funcionamiento de las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral e Intercargo. Los gremios adelantaron que no acatarán esta orden y el futuro, vislumbra, entonces, la posibilidad de llevar a cabo esta herramienta ante la Secretaría de Trabajo.
Para privatizar Aerolíneas Argentinas se requiere de una ley en el Congreso de la Nación. Todo lo que se haga antes solo servirá para hacer más atractiva a la compañía para los eventuales compradores. Actualmente, hay un proyecto legislativo presentado por el PRO, que no tiene garantías de ser aprobado, pero que eventualmente podría ser la iniciativa que obtenga luz verde en ambas cámaras. Una vez sancionada la normativa, el Gobierno estudia tres grandes escenarios:
- Venta total o parcial de las acciones de la compañía a uno o más compradores. Se estima que la firma tiene un valor de mercado que oscila entre los US$800 y US$1700 millones.
- Cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social de la compañía a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas; Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.).
- Cierre de la firma: el Tesoro Nacional no tiene obligación de asistir a Aerolíneas Argentinas, por lo que podría quebrar.
El Gobierno de Javier Milei sabe que sin la asistencia del Estado, la firma no logra sostener su nivel de operación. A modo de ejemplo, según cifras oficiales a las que accedió este medio, en 2019 el Tesoro la asistió en US$ 426 millones; US$ 594 millones, en 2020; US$ 664 millones, en 2021; US$ 353 millones, en 2022 y US$ 30 millones en 2023. La cifra da un total de 2105 millones de dólares en asistencia del Estado en los últimos años.
