En la provincia de Santa Fe, miles de trabajadores de aplicaciones de delivery enfrentan una alarmante dualidad: conviven con la precarización laboral y una inseguridad cotidiana que pone en riesgo sus vidas, mientras aguardan la implementación de una ley provincial que los protegería. Aunque la Ley 14362 de “Monitoreo Informático Permanente” fue promulgada en mayo de 2025 con el fin de brindarles un marco de seguridad y geolocalización, la normativa permanece sin aplicarse, generando profunda frustración en el sector.
Ante la inacción estatal, representantes de las asociaciones de repartidores se reunieron esta semana con la diputada Verónica Baró Graf, coordinadora del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados. Durante el encuentro, los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad. Según denunciaron, los funcionarios de dicha cartera desconocen la existencia y los alcances de la ley, impidiendo así que se activen las medidas de protección necesarias para quienes realizan tareas de reparto.
La normativa, que fue sancionada tras un largo derrotero legislativo, establece la creación de un sistema de Monitoreo Informático Permanente mediante GPS y la instalación de dispositivos de geolocalización en horario de trabajo. Además, el texto legal contempla la implementación de botones antipánico y canales de denuncia anónima ante situaciones sospechosas. El financiamiento para sostener esta estructura, según detalla la ley, provendría principalmente de las multas aplicadas a las empresas de plataformas que operan en la provincia, sumado a otras fuentes del Tesoro.
Frente a este escenario, Baró Graf se comprometió a realizar gestiones directas ante el Ministerio de Seguridad y a presentar en el recinto un pedido formal al Poder Ejecutivo para exigir la inmediata reglamentación y ejecución de la norma. Los trabajadores, que han convertido esta ley en una bandera fundamental para preservar sus herramientas de trabajo y su propia integridad, esperan que esta presión legislativa logre finalmente romper el bloqueo administrativo que mantiene estancada una medida de protección aprobada por unanimidad.
