Los diez miembros del tribunal decidirán este martes si admiten o no las denuncias contra el juez de primera instancia
El tribunal de enjuiciamiento realiza la segunda reunión tras las denuncias presentadas por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y por la mesa Ni Una Menos, la Multisectorial de Mujeres y Palabras contra el juez de primera instancia Rodolfo Mingarini. Se espera, en la primera planta de Tribunales, que se decida si las denuncias serán admitidas o no. Afuera hay una concentración de organizaciones feministas que reclamó al Poder Judicial que sea admitida.
De ser aceptada la denuncia, Mingarini comenzaría a atravesar un juicio político. Además, entrará en licencia obligatoria y a cobrar la mitad del sueldo.
El tribunal de enjuiciamiento esta conformado por 10 miembros. Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, un senador, un diputado y dos abogados matriculados que fueron sorteados entre titulares del colegio de esa profesión de las jurisdicciones provinciales.
Escándalo
Rodolfo Mingarini se dio a conocer en todo el país como juez de primera instancia por una escandalosa resolución en la que de manera oral en una audiencia de medidas cautelares liberó con restricciones a un imputado de abuso sexual porque había usado preservativo. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, había dicho el magistrado sin que la defensa proponga esta hipótesis en la polémica audiencia del 30 de mayo.
La actuación llevó a una denuncia colectiva de 20 diputadas provinciales para que sea investigado por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo hizo la mesa Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres. La Corte Suprema por su parte ordenó una investigación que estuvo a cargo de Alejandro Tizón, quien solicitó actuaciones administrativas contra Mingarini. El fallo fue apelado por el Ministerio Público de la Acusación con la solicitud de cinco fiscales, y finalmente la resolución de ese caso particular fue revocado.
