Por otra parte, los concejales y concejalas adhirieron a la Ley de Necesidad Pública aprobada hace un tiempo en la legislatura provincial.
De acuerdo a la declaración de la Organización Mundial de la Salud a la enfermedad Covid-19 como pandemia, lo cual diera fundamento al Decreto N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, al Decreto Nº 213/2020 del Poder Ejecutivo Provincial, y a los Decretos Municipales, el Concejo declaró la Emergencia Sanitaria en la ciudad de Santa Fe por un período limitado de tiempo.
En esa línea, el decreto aprobado por el cuerpo legislativo estableció las infracciones correspondientes a las normativas que tienden a la prevención de la propagación de la enfermedad del Covid-19 y a los comportamientos que transgredan disposiciones dictadas por cualquiera de los niveles de gobierno que aumenten el riesgo de afectación general de la salud.
Infracciones y penalidades
A partir de la situación epidemiológica de excepción, se incorporó al Régimen de Infracciones y Penalidades, multas de entre 100 a 1000 UF para quienes omitan el cumplimiento de las medidas o disposiciones adoptadas por autoridades competentes, por razones de seguridad, higiene y/o sanitarias. Entre estos casos se incluyen los casos de no uso de los denominados “tapabocas”.
Asimismo, se estableció multas de 30 a 300 UF para quienes circulen sin permiso o con permiso vencido o con vehículo no patentado de acuerdo a las disposiciones vigentes.
En tanto, cuando el conductor viole las normas dictadas por autoridad competente que limiten la circulación por razones de salud pública y/o con el objeto de impedir la propagación de la pandemia, será sancionado con multa de 100 a 1000 UF, y con inhabilitación para conducir de entre 15 y 180 días.
Ley de “Estado de Necesidad Pública”
El Concejo adhirió a la ley que declara la emergencia “en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financieras y de Seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 30 de junio de 2021”. La norma tiene como objetivo que el Estado se valga de los medios necesarios para revertir la situación que lleva a declarar el estado de necesidad pública.
