El Tribunal de Casación francés ha rechazado este miércoles el recurso presentado por el expresidente Nicolas Sarkozy contra su condena por el Tribunal de Apelación de París a tres años de prisión, uno de ellos bajo brazalete electrónico, por soborno y tráfico de influencias en el llamado asunto de las “escuchas telefónicas”.
El Tribunal de Casación rechazó el miércoles el recurso de Nicolas Sarkozy en el sonado caso de las escuchas telefónicas, dejando firme su condena a un año de prisión bajo vigilancia electrónica por corrupción y tráfico de influencias, una pena sin precedentes para un antiguo jefe de Estado.
Anteriormente suspendida, esta condena, a la que se añaden tres años de inhabilitación, debe ahora ser ejecutada: Nicolas Sarkozy, de 69 años, será citado a comparecer ante un juez de ejecución de penas, que deberá determinar los términos y condiciones de su brazalete electrónico.
Se trata de la primera condena definitiva del ex Presidente (2007-2012).
Nicolas Sarkozy “acatará evidentemente” esta sentencia, pero remite el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declaró su abogado, Patrice Spinosi, que deploró un “día triste” en el que “un expresidente se ve obligado a recurrir a los jueces europeos para que condenen a un Estado que presidió”.
El caso de las escuchas
En mayo de 2023, Nicolas Sarkozy fue condenado en apelación por soborno activo a un magistrado y tráfico de influencias activo contra un funcionario público por haber prometido en 2014 ayudar a Gilbert Azibert, en aquel momento magistrado del Tribunal de Casación, a obtener un puesto honorífico en Mónaco.
A cambio, Gilbert Azibert debía facilitar a Nicolas Sarkozy información confidencial sobre un asunto que había llevado ante el Tribunal de Casación.
Gilbert Azibert y el abogado Thierry Herzog, los otros dos acusados en el caso, también fueron condenados en apelación a tres años de prisión, dos de ellos en suspenso.
En un comunicado publicado el miércoles, Em Tribunal de Casación declaró probados los delitos de corrupción, tráfico de influencias y violación del secreto profesional contra los tres acusados.
