El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó un ambicioso proyecto de ley de “Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género”, una iniciativa que busca transformar el abordaje estatal frente a esta problemática. Elaborada por los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano, y Gobierno e Innovación Pública, la propuesta tiene como eje central la reducción de las cargas administrativas sobre las víctimas, evitando que estas deban realizar trámites adicionales que las expongan a mayores riesgos.
La piedra angular del proyecto es un sistema escalonado de evaluación de riesgos, que clasificará cada situación en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Esta categorización se basará en indicadores específicos —como la presencia de armas, intentos de estrangulamiento, amenazas de muerte o antecedentes de incumplimiento de medidas previas— para determinar la respuesta estatal. En casos críticos, la justicia podrá aplicar medidas de mayor rigor, como el desarme del agresor y la colocación de tobilleras electrónicas, estableciendo que, ante reiterados incumplimientos, las sanciones y restricciones serán progresivamente más severas.
El modelo propuesto abandona la respuesta reactiva para avanzar hacia una política de prevención y detección temprana. Entre sus novedades, destaca la prohibición explícita de mediaciones o conciliaciones en casos de violencia de género y la obligatoriedad de considerar la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima. Asimismo, se instaura el principio de actuación de oficio, permitiendo que cualquier tribunal intervenga ante una urgencia y que las denuncias sean tomadas en cualquier organismo estatal sin que la víctima deba peregrinar de una comisaría a otra.
Para garantizar la eficacia de esta política, el proyecto contempla la creación de un registro digital único e interoperable, lo que evitará la fragmentación de la información entre distintas dependencias del Estado. Además, se prevé la constitución de un fondo provincial de asistencia urgente destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y sus familias, junto a un diseño de estrategias territoriales coordinadas con municipios y comunas para asegurar una asistencia capilar y directa en todo el territorio santafesino.
