Por Martín Sperati
La reciente postal en las puertas de ATE Casa España no fue solo un ejemplo de desorden vial, sino una clara muestra de la jerarquía de privilegios que impera en Santa Fe. Mientras en el interior el gobernador Maximiliano Pullaro encabezaba una reunión interministerial con su gabinete ampliado, en el exterior, una hilera de autos oficiales y de funcionarios descansaba impunemente en doble fila.
Esta ocupación del espacio público, a la vista de todos, se dio sin que un solo inspector de tránsito municipal se hiciera presente para labrar una multa o, al menos, ordenar el caos generado por los mismos encargados de gestionar la provincia.
La ausencia de control en un evento de tal magnitud oficial hace pensar que la “voracidad recaudatoria” de la intendencia tiene límites muy específicos: el ciudadano común. Resulta difícil creer en la casualidad cuando el rigor que se aplica diariamente al vecino que se demora cinco minutos en una zona de estacionamiento medido desaparece mágicamente cuando los infractores son ministros, secretarios o legisladores.
Esta ceguera selectiva de los agentes municipales refuerza la idea de que en nuestra ciudad existen leyes para el pueblo y permisos tácitos para el poder, transformando el control de tránsito en una herramienta meramente fiscalista y no de ordenamiento real.
Este escenario es el síntoma de una política de “ciudadanos de primera y de segunda“. Mientras el discurso oficial de la Casa Gris y del Municipio pregona el respeto por las normas y el cuidado del Estado, la práctica demuestra que los funcionarios se sienten eximidos de las mismas reglas que imponen a los demás.
Que no hubiera un operativo de tránsito para mitigar el impacto de una reunión que convocó a las segundas y terceras líneas del gabinete es una omisión que indigna al contribuyente, quien debe lidiar con las grúas y las multas mientras ve cómo el privilegio se estaciona donde quiere.
En última instancia, el respeto por las normas de convivencia debe empezar por quienes ostentan la autoridad. Si la municipalidad de Santa Fe decide mirar hacia otro lado cuando el gabinete de Pullaro obstruye la calle Rivadavia, está renunciando a su potestad de control y aceptando una vergonzosa subordinación política a costa del derecho de los ciudadanos a circular. La seguridad vial y el orden público no pueden ser opcionales según el rango del infractor; de lo contrario, la justicia de faltas no es más que un sistema de recaudación aplicado sobre los que no tienen fueros ni contactos.
