La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de Municipios, destinada a regular la organización de los 365 gobiernos locales de la provincia tras reformar normas que en algunos casos tenían hasta 90 años. El proyecto, ampliado por las comisiones de 60 a 116 artículos tras audiencias públicas y consultas con intendentes, presidentes comunales y concejales, busca modernizar la gestión municipal y prepara el terreno para futuras normativas sobre coparticipación y aspectos electorales.
Las principales novedades incluyen mandatos de cuatro años con una sola reelección, la obligatoriedad de concejos con número impar de miembros y criterios poblacionales para su conformación, así como la incorporación de mecanismos de participación ciudadana: audiencias públicas, referéndum, consulta popular, presupuesto participativo e iniciativa popular para presentar ordenanzas. Además, la ley incorpora la figura de la revocación del mandato para que la ciudadanía pueda remover a intendentes en casos de corrupción antes de concluir su período.
La norma también promueve la asociación entre municipios mediante áreas metropolitanas y la creación de órganos de control y tribunales de faltas compartidos, con el objetivo de facilitar la planificación territorial y la gestión conjunta de servicios como recolección de residuos y transporte, favoreciendo un crecimiento urbano más armónico. Se creó, además, la “Mesa de Transición Democrática”, una instancia en la que autoridades salientes y electas elaborarán un informe conjunto para el Concejo y su publicación, como mecanismo inédito de coordinación.
Sin financiamiento, se traslada problemas
Sin embargo, la diputada Celia Arena, en nombre de la bancada opositora de Hacemos por Santa Fe, cuestionó la ley y aseguró que “se queda corta“: para ella no introduce las transformaciones de fondo necesarias para cambiar la realidad de los gobiernos locales. Arena sostuvo que sin voluntad política para modificar la organización territorial y sin reglas claras sobre financiamiento y competencias, la autonomía municipal corre el riesgo de ser meramente formal; transferir funciones sin recursos, advirtió, solo traslada problemas a los municipios.
La opinión minoritaria propone una organización más precisa, con normas claras para definir competencias, financiamiento y resolución de conflictos, y reclama que la calidad de la ley se mida por su capacidad transformadora y no solo por su aprobación. Así, aunque la norma abre nuevas herramientas de participación y cooperación intermunicipal, persisten dudas sobre si garantizará autonomía real y recursos suficientes para que los municipios enfrenten los problemas cotidianos de la ciudadanía.
