La iniciativa propone cambios estructurales: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios, indemnizaciones en cuotas y beneficios fiscales para quienes generen nuevos puestos de trabajo
Con el impulso político que dejó el resultado de las elecciones, el Gobierno nacional volvió a colocar en agenda la reforma laboral, una de las prioridades que se discutía en el Consejo de Mayo. La propuesta, impulsada por la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez junto a legisladores de distintos bloques, se presenta bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y busca “modernizar la legislación laboral para adaptarla a las nuevas formas de producción y empleo”.
El texto, que fue presentado originalmente a fines de 2024, servirá como base para una nueva etapa de debate parlamentario. Según el oficialismo, el proyecto sigue los lineamientos de la Ley Bases y apunta a “institucionalizar un modelo económico moderno” que actualice las condiciones laborales en favor de la inversión y el crecimiento del empleo formal.
Entre los principales cambios, el proyecto propone la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y la creación de incentivos fiscales para nuevas contrataciones.
Uno de los ejes centrales es la modernización de la Ley de Contrato de Trabajo. Se redefine el principio de irrenunciabilidad, se amplían las facultades del empleador para modificar modalidades laborales y se actualiza el régimen de beneficios sociales no remunerativos, que incluirán desde almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil e internet para el trabajador y su familia.
El proyecto también introduce cambios en las normas sobre vacaciones, que podrán fraccionarse en períodos no menores a una semana, garantizando que cada empleado tenga la posibilidad de tomarlas en verano al menos una vez cada dos años. Además, los trabajadores casados o en unión familiar podrán solicitar vacaciones simultáneas si comparten empleador.
En materia de remuneraciones, se habilita el pago por distintos medios —efectivo, cheque o depósito bancario— y se permite la emisión electrónica de los recibos de sueldo, con información detallada sobre liquidaciones y deducciones.
Uno de los puntos más relevantes es el de los incentivos al empleo: se creará un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios variarán según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes.
Finalmente, el proyecto contempla la posibilidad de que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, con el objetivo de evitar cierres y fomentar la contratación formal.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca consolidar el respaldo político obtenido en las elecciones y avanzar hacia una reforma estructural del mercado laboral argentino.
