La Cancillería rusa rechazó “firmemente” las declaraciones de la ministra de Seguridad, que vinculó a exagentes de inteligencia de Moscú con una grabación ilegal en la Casa Rosada. Moscú advirtió que las afirmaciones son “infundadas” y pidió explicaciones al Gobierno argentino
La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de los señalamientos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acusó a la inteligencia rusa de haber participado en una supuesta grabación ilegal en la Casa Rosada. La información fue difundida por la prensa de aquel país y replicada por el sitio Actualidad RT.
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“Se le informó al embajador de la Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de Bullrich, consideradas “infundadas” porque “no tienen pruebas”, expresó un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores.
Además, la Cancillería recordó la existencia de un Tratado entre Rusia y la Argentina sobre asistencia legal recíproca en materia penal, que “establece un procedimiento para la interacción correspondiente de las estructuras competentes de los dos países”.
En ese marco, Moscú sostuvo que las declaraciones de la ministra “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones, y lamentó que “Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”. Finalmente, confió en recibir de parte de la Argentina “una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de Bullrich “lo antes posible”.
El medio ruso también citó que, en una entrevista con Radio Rivadavia, la funcionaria declaró que “el Gobierno denunció a personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei”.
Según el mismo reporte, “si bien el contenido de dichos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que ella y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, cobran sobornos del 3 al 8% a las empresas farmacéuticas privadas, a cambio de otorgarles millonarios contratos de compra de medicamentos para instituciones públicas”.
