Por Martín Sperati
En la coyuntura política actual, los discursos de los diputados aliados a Sergio Massa y al sector peronista parecen flotar en un aire de teatralidad y doble moral. Quienes hoy alzan la voz en defensa de los jubilados, las personas con discapacidad y la educación, parecen olvidar —o quizás prefieren omitir— que no hace mucho tiempo, esas mismas voces, bajo su tutela o en el silencio cómplice, implementaron recortes drásticos en esos sectores clave.
El contraste entre el discurso actual y la realidad pasada revela una estrategia oportunista, donde la retórica de protección y justicia social se utiliza como escudo electoral, mientras que en la práctica, durante la gestión de Massa, se perpetraron ajustes que afectaron profundamente a los sectores más vulnerables.
Es imposible no ver la paradoja: los mismos que en su momento impulsaron o aceptaron esas medidas, hoy se convierten en defensores fervientes, reclamando una Justicia social que, en sus discursos, parece hacerse a medida del timing político y no de una verdadera sensibilidad hacia las necesidades de la población vulnerable.
La hipocresía se desnuda aún más cuando estos dirigentes insistentes en defender jubilados, discapacitados y la educación, en realidad, estructuran un doble estándar: callan o justificaron antes los recortes que hoy se quieren revertir, o peor aún, utilizan esas causas como plataformas de campaña y oportunismo.
La ciudadanía, que ha sido testigo de cómo en el pasado se priorizaron intereses económicos sobre el bienestar social, exige la coherencia y la sinceridad en las propuestas de quienes ocupan cargos públicos. La historia reciente muestra que la protección de los derechos sociales no es solo una bandera que se iza en tiempos de campaña, sino un compromiso de Estado que debe mantenerse vigente en las buenas y en las malas.
No es solo una cuestión de memoria, sino de ética. La política no puede jugar con el sufrimiento de quienes más necesitan apoyo, fingiendo ahora una empatía que, en el pasado, fue sometida a la indiferencia. La auténtica defensa de los derechos sociales implica coherencia y acciones concretas, sin dobleces ni máscaras.
