El Gobierno nacional ejecutará un plan para hacer frente a la situación de 5100 empleados públicos afectados por el cierre de Vialidad Nacional.
Debido a la decisión de la gestión mileista de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, más de 5100 empleados públicos quedarán sus funciones. Dicha iniciativa forma parte de la reestructuración de los organismos viales de la secretaría de Transporte que impulsó el Ejecutivo para centralizar las dependencias.
En ese contexto, trascendió que la Casa Rosada pasará a disponibilidad a toda la planta de trabajadores que depende del organismo y tiene previsto reubicarlos en parte en las áreas de Economía que absorban la gestión de los 40.000 kilómetros de Vialidad y en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
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Además, la mesa técnica de Balcarce 50 asegura que los empleados contarán con un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que podrán ser capacitados para otras tareas, además de realizar servicios tercerizados del Estado. “Estamos evaluando la cantidad de empleados que van a necesitar las nuevas dependencias”, aseguraron desde el oficialismo.
Los trabajadores que Nación defina no reubicar contarán con una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base el sueldo más alto del último año. El capítulo de Empleo Público de la Ley Bases habilita también transferencias de agentes a provincias y municipios.
Cabe destacar que el Gobierno pone la mira en el articulado que le da herramientas para evitar pagar indemnizaciones en casos en que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas, entre otros puntos.
