Este martes comenzó en todo el país un nuevo paro universitario de 48 horas impulsado por los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La huelga de docentes y no docentes se suma a la medida de fuerza de 72 horas realizada durante la semana pasada, con alto acatamiento en las universidades públicas. Desde los gremios universitarios confirmaron que apuntan a convocar una nueva Marcha Federal Universitaria en la semana del 9 de septiembre.
Fuentes del Frente Sindical dijeron que no hubo avances en el diálogo con el Gobierno Nacional tras la medida de fuerza de la semana pasada, que en varias universidades coincidió con el comienzo de segundo cuatrimestre. Desde la Secretaría de Educación informaron que entre diciembre y julio los salarios universitarios tuvieron un aumento del 71%, pero desde los gremios advierten que la inflación acumulada en el mismo período superó el 125% y denuncian una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 50% desde que empezó el año.
En la última reunión de la paritaria universitaria, el viernes 9 de agosto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, habían ofrecido a los sindicatos un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre. La propuesta fue rechazada por los gremios, como venía sucediendo en las reuniones previas. Para buscar acercar posiciones, se creó una “comisión técnica tripartita” integrada por los sindicatos y por representantes de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó la semana pasada una campaña que pide “salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas”. Los distintos spots, difundidos en las redes de la Universidad, presentan a docentes trabajando en call centers o como mozos, kiosqueros, conductores de Uber o repartidores de apps de delivery.
“No podemos pedirle a un profesor que siga dando clase con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. En el transcurso de este año, nuestros salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo. No tenemos registro en la historia de un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho un ajuste tan brutal en la educación superior”, dijo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Un documento elaborado por los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, indicó que en 2024 los salarios universitarios perdieron 55 puntos porcentuales con respecto a la inflación acumulada. El informe señala que la caída es mayor a la del promedio del sector público e incluso de los trabajadores no registrados, y advierte que, sin una recomposición significativa, la proporción del PBI destinada al sistema universitario podría retroceder 20 años, a valores de 2005.
“En la medida en que no se resuelva la paritaria del Gobierno con los gremios docentes y no docentes, las instancias de protesta se van a ir profundizando porque es un tema que está latente”, consideró la diputada nacional Danya Tavela, impulsora del proyecto de ley para garantizar el financiamiento universitario que recibió media sanción la semana pasada. Tavela estimó que, si la situación no se resuelve, la conflictividad se agudizará de cara a la discusión del presupuesto 2025. “En la medida en que la protesta se radicaliza y no hay respuesta por parte del Gobierno, se hace cada vez más difícil este resolver este tema”, señaló Tavela.
El miércoles pasado, la jornada de protesta en las universidades coincidió con la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de “actualización de gastos de funcionamiento y salarios y becas estudiantiles”, con apoyo de los bloques de la UCR, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. El mismo día recibió media sanción el proyecto para declarar la educación como “servicio esencial”, impulsado por el diputado Alejandro Finocchiaro y apoyado por el Poder Ejecutivo, que ya había intentado aprobar la medida al incluirla en el DNU 70/2023 y en las primeras versiones de la Ley Bases.
