Fernando Espinoza está acusado de “tocamientos impúdicos” a una exempleada; también, de haber desoído la orden judicial de no acercarse a ella; lo embargaron en $1.500.000.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada, hace tres años, una noche, en la casa de ella.
El fallo lo firmó la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti el miércoles de la semana pasada. Además de por “abuso sexual simple”, Espinoza fue procesado por “desobediencia”, por haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, que relató que sufrió presiones de una expareja suya y también del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia.
La jueza dispuso además un embargo sobre los bienes de Espinoza por $1.500.000.
La prueba central contra el intendente es el testimonio de su presunta víctima, que dijo que cuando ella empezó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, en abril de 2021, él le dijo que quería ir a la casa de ella para conversar cuestiones de trabajo. Según la denunciante, fue tres veces y la tercera, la noche del 10 de mayo de 2021, él se sacó los pantalones, avanzó con violencia sobre ella y la manoseó. Siempre según su relato, como ella se resistió, Espinoza finalmente dejó su casa enojado.
Las antenas de telefonía celular confirmaron la presencia de Espinoza esa noche en las inmediaciones de la casa de la denunciante y ese es otro dato que la jueza dijo que evaluó para procesarlo, junto con un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer. Ninguno de esos elementos acreditan por sí mismo los hechos, pero la jueza entendió que son algunos de los indicios que le permiten avanzar con la causa. Recordó que para dictar un procesamiento la ley no exige plena certeza, sino elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la culpabilidad del autor. También destacó que si bien la regla en materia penal es que en caso de duda hay que decidir en favor del acusado, en los casos de delitos sexuales se debe contemplar la dificultad probatoria dada por la naturaleza misma de este tipo de delitos, que suelen tener lugar en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceros.
La denunciante grabó además conversaciones con Espinoza, que presentó en la Justicia. “Los dichos de la denunciante -dijo la jueza- además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no solo a partir de la prueba recolectada, sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa”. Espinoza finalmente admitió en los tribunales que había estado en la casa de la denunciante la noche que ella dice que fue abusada por él. El intendente dijo que fue una visita de índole laboral y niega las acusaciones en su contra.
La denunciante, que hoy tiene 35 años, vive desde 2022 en La Florida, Estados Unidos, según consta en la causa. Su expareja, un hombre muy cercano a Espinoza, le pagó el pasaje para que dejara el país, según él mismo relató en la Justicia.
Espinoza gobierna el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Heredero político de Alberto Balestrini, transita su cuarto mandato al frente de la intendencia. Gobernó sin interrupciones entre 2007 y 2015, cuando lo sucedió la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y regresó al municipio en 2019. En 2023 logró la reelección.
Fuentes que defienden a Espinoza destacan que la fiscalía había pedido dos veces el sobreseimiento del intendente en esta causa. La primera vez, porque la denunciante se arrepintió de su denuncia y no la firmó (después, la denuncia fue ratificada); la segunda, porque entendió que las pruebas no eran suficientes para avanzar y sostuvo que “no se pudieron acreditar los hechos” relatados. Esa opinión del fiscal fue revertida por la fiscalía ante la Cámara del Crimen, que entendió que correspondía citar a Espinoza a prestar declaración indagatoria.
El intendente declaró el 30 de abril de manera remota y, para la jueza, no logró desvirtuar la acusación en su contra. La magistrada consideró el descargo del imputado como “un vano intento de mejorar su comprometida situación procesal”.
“El relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa dando cuenta de los efectos producidos en ella a partir de lo ocurrido”, afirmó la jueza.
Cuando ella presentó su denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte, se negó a firmar el acta. Para quienes defienden a Espinoza, se trata de un elemento más para sostener que no decía la verdad; para la jueza, eso daría “cuenta de lo conmocionada que se encontraba la damnificada con motivo a lo ocurrido” y “permite afirmar la probabilidad de su versión de cargo”.
