Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Aseguró “no vamos a seguir financiando rosca política”.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que el Gobierno inició el proceso para avanzar en el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), como parte de una política integral de “desmantelamiento de diferentes institutos” que son “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”. Además, advirtió que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados tras las auditorias realizas en 114 reparticiones del Estado.
“Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en su habitual contacto con periodistas en Casa Rosada.
El cierre del Inadi estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno envió a finales del año pasado al Congreso, y que si bien fue aprobado en general, finalmente fue retirado por el propio oficialismo tras no conseguir los votos para algunos artículos durante el debate en particular de la norma.
Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. “No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
Ayer, el Gobierno había oficializado la extensión de la intervención del organismo por 180 días y había designado como interventora a María de los Ángeles Quiroga.
El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.
El vocero presidencial afirmó que “hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar o a desmantelar, no desde ahora, sino desde siempre. Dijimos que nuestra prioridad era que el Estado debía achicarse, porque achicar el gasto público para nosotros es una batalla central, porque es la única herramienta para bajar impuestos. Los trámites no son tan sencillos como uno tuviera ganas o como la gente espera. Lamentablemente, la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno pretende llevar adelante”.
Además, el funcionario explicó que cada instituto u oficina que el Gobierno decida cerrar requiere un análisis “jurídico particular” y que, por eso, algunos cierres serán por decreto y, otros, por decisiones administrativas de cada ministro.
Adorni también habló de los trabajadores que desarrollan tareas en esos lugares que serán cerrados, como en el Inadi, y apuntó: “Empleado que esté de más… no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando para pagar en parte sus impuestos. Son temas que iremos decidieron instituto por instituto”.
