El organismo internacional remarcó los riesgos por la sustentabilidad de la deuda y enfatizó que una “mayor expansión de la asistencia” social podría ser necesaria, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones macro.
El Fondo Monetario Internacional publicó este jueves el informe técnico (staff report) sobre la séptima revisión del programa que el directorio ejecutivo del organismo aprobó el miércoles, con una detallada descripción de los compromisos económicos que tomó el gobierno de Javier Milei y también sobre los riesgos que afronta el plan de ajuste.
En el documento, el FMI hace una descripción general de la situación argentina y dice que espera que el plan de ajuste y la devaluación inicial del Gobierno pesen fuerte en la demanda y la economía se contraiga hasta una recesión que podría llegar a una caída de 2,8% del PBI. Mientras tanto, señala que la inflación se acelerará en el corto plazo por los desajustes relativos de los precios, aunque se espera que haya luego una baja de inflación hacia fin de año.
Aseguran que la balanza de cuenta corriente pasará a tener superávit (más de 4 puntos porcentuales del PBI este año), respaldado por un repunte de la exportaciones.
El Fondo enumera también los puntos clave de programa a los que se compromete el Gobierno.
Política fiscal. Señala que las autoridades tienen la intención de lograr un superávit primario del 2% del PBI este año. Se logrará, señalan, principalmente a través de una combinación de impuestos temporales (relacionados con el comercio) y medidas para reducir los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a las provincias y a las empresas estatales, y el gasto en infraestructura. “El programa apoya los esfuerzos de las autoridades por salvaguardar el equilibrio global a lo largo del tiempo, mejoras en la eficiencia de los sistemas tributarios y de gasto, algunas de las cuales requerirán apoyo del Congreso”, afirma el reporte.
Protección social. Las autoridades, dice el reporte, han reforzado significativamente la asistencia social a través de los subsidios por hijos y programas de cupones de alimentos, mientras se aleja de los programas sociales distribuidos a través de intermediarios y busca preservar el valor real de las jubilaciones a través de bonificaciones discrecionales, dice el reporte, y agrega que “es posible que sea necesario ampliar aún más la asistencia a medida que evolucionen las condiciones”.
Dólar y reservas. Tras la devaluación inicial a mediados de diciembre, el Gobierno se compromete a mantener la política cambiaria compatible con los objetivos de acumulación de reservas y un régimen basado en el mercado, señala el staff report. Afirman que se creó “un sistema más sencillo de acceso a las importaciones”, basado en reglas, junto con un plan para hacer frente al gran sobreendeudamiento comercial, con una cantidad limitada de instrumentos a los importadores que registren debidamente sus deudas comerciales. “Las nuevas autoridades se comprometen a eliminar todas las restricciones cambiarias” a corto plazo. Por caso, desmantelar el impuesto PAIS a fin de año. En conjunto, se espera que estas políticas conduzcan a una importante acumulación de reservas hasta finales de 2024 (US$ 10.000 millones), y crear las condiciones para un retorno a la suficiencia de reservas a medio plazo.
Política monetaria. En el contexto de estrictos controles de capital, el Banco Central flexibilizó la política y racionalizó el marco operativo. “Se espera que la política monetaria evolucione para respaldar la demanda monetaria y la desinflación, incluso mediante el establecimiento de un ancla nominal”.
Estrategia de financiamiento. “Las autoridades no buscarán ningún tipo de financiamiento neto para el Gobierno”, señalan. Afirman que “en el ámbito interno, se está ejecutando una estrategia para ampliar vencimientos, mientras se reduce la dependencia de los instrumentos indexados al mercado de divisas. El programa está financiado en su totalidad para lo que resta de su vigencia y se espera que allane el camino para que Argentina regrese a los mercados internacionales en un plazo acorde con las necesidades de refinanciación de la deuda.
Política estructural. Las autoridades están decididas a hacer frente a las trabas de larga data para el crecimiento, el empleo y las exportaciones, mientras que impulsa el potencial de la vasta industria energética y minera de Argentina. “Las recientes iniciativas reglamentarias y legislativas representan un paso en esta dirección, aunque el programa se asegurará de que estos estén debidamente secuenciados y priorizados”, señala el reporte.
Sin embargo, el Fondo remarca que, a pesar del compromiso del Gobierno, hay peligros en la implementación del programa: “Los riesgos del programa siguen siendo elevados, reflejado en la herencia recibida, así como un contexto político y social complejo, con un Congreso fragmentado, salarios reales, y la alta pobreza”, señalan.
Advierten también que “existe el riesgo de que el paquete de políticas no pueda cumplir inmediatamente sus objetivos, lo que requiere una formulación de políticas ágil, planes de contingencia y la necesidad de ampliar aún más la asistencia social. Dicho esto, incluso si las autoridades no son capaces de cumplir plenamente sus ambiciosos objetivos políticos, aún se habrían dado pasos importantes para corregir la grave situación de los desequilibrios macroeconómicos. En este contexto, los riesgos empresariales siguen siendo significativos, aunque el potencial de que el programa incurra en grandes moras a corto plazo ha disminuido considerablemente”.
