Dirigentes estudiantiles de todo el país se manifestaron en la Facultad de Derecho de la UBA en contra de una medida del candidato de La Libertad Avanza para el sistema educativo.
Líderes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y agrupaciones estudiantiles de distintos sectores políticos se reunieron este jueves en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para expresar su rechazo a las propuestas de arancelamiento y vouchers educativos planteadas durante la campaña electoral por Javier Milei. Lo hicieron bajo la consigna “No al voucher, no al arancel: educación pública en alerta”.
“El movimiento estudiantil argentino se encuentra en estado de alerta total. La educación pública, pilar fundamental de nuestra sociedad, está bajo un asedio constante. Nos enfrentamos a discursos y propuestas que amenazan con arancelar la universidad, un ataque directo a la educación pública y gratuita en Argentina”, dijo Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la FUA, una organización que representa a los alumnos universitarios de todo el país y a 400 centros de estudiantes de nivel superior.
En un comunicado difundido en sus redes, la FUA señaló que “la plataforma política de La Libertad Avanza desestima la democracia y desprecia sus instituciones. Propone cerrar el CONICET y promover un sistema de bonos en la educación superior”. El comunicado agrega que estas medidas conducen a “un sistema educativo arancelado y excluyente”, y compara las propuestas de Javier Milei con las de Jair Bolsonaro, Santiago Abascal, Donald Trump y Marine Le Pen, entre otros.
El documento también critica “los retrocesos impuestos por el gobierno nacional en materia educativa”, y reclama mayor presupuesto y más celeridad en el envío de los recursos. Desde la FUA se manifestaron esta semana a favor del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que propone llevar la inversión en educación al 8% del PBI, cifra que incluye un 1,5% del producto bruto interno para el sistema universitario. Sin embargo, advirtieron también por el incumplimiento de la meta legal actual (que establece una inversión del 6% del PBI) y enfatizaron que, para que el financiamiento se cumpla, es necesario garantizar la “decisión política”.
