El ataque al supermercado de la familia política de Messi no responde a la lógica de los anteriores y está atravesado por una crisis política que involucra a los tres niveles de gobierno.
Por David Narciso para Rosario3
Son los detalles los que hacen pensar que el ataque al supermercado de la familia política de Lionel Messi tuvo una intencionalidad diferente a decenas de balaceras contra comercios y viviendas que se producen cada semana. En primer lugar el nombre del intendente como parte de un mensaje. Más que los pibes tiratiros a los que estamos acostumbrados, éstos parecieron cirujanos del crimen: barbijos que les cubrían las caras, capuchas como si fueran cofias y guantes para evitar huellas, incluso en el papel de la bolsa de carbón donde escribieron la intimidación. Están informados sobre la tecnología disponible en los gabinetes criminalísticos del MPA. Y atacaron a pesar de las cámaras de videovigilancia. O quizás sea al revés: eligieron el objetivo porque había cámaras.
Desde la televisación en vivo de la Guerra del Golfo primero, y el atentado a las Torres Gemelas una década después, la espectacularidad es un elemento inescindible de la violencia planificada. Por último, la balacera estuvo dirigida a un objetivo que garantizara repercusión mundial. Usaron a Messi como vehículo para llegar a su objetivo. Después de todo… Messi es rosarino, es de todos. “De nosotros también”, habrán dicho.
Esos son los elementos objetivos que hacen de la balacera en Lavalle al 2500 diferente a otras. Y motivaron que desde el primer momento el intendente Javkin pusiera en duda que sea una banda narco la que está detrás. Este sábado dio un paso más: “Probablemente tenga que ver con fuerzas de seguridad”, dijo a una radio porteña.
Para los gobiernos, un ataque con este impacto equivale a un cross a la mandíbula en una pelea de box. El gobierno de Omar Perotti no consigue paz ni orden, pero ya no para quienes votaron por su famoso eslogan de 2019, que es una causa perdida, sino para su gestión.
El agravamiento constante de la crisis de seguridad no puede desvincularse de la marginación política de Rosario en el gabinete provincial. Basta mirar la ausencia de ministros de la ciudad en los puestos desde donde se definen las acciones y políticas del gobierno. Los que estuvieron en su momento resultaron vaciados de poder y dejados de lado. Está muy bien la sintonía y el vínculo directo con Javkin, pero es el intendente, y no reemplaza a un ministro compenetrado con el proyecto gobernante.
El arribo de Agustín Rossi a la Casa Rosada demuestra la relevancia de tener ministros compenetrados con el territorio y la realidad del lugar. En tres semanas como jefe de Gabinete metió a Santa Fe en el corazón de las decisiones y la política del gobierno nacional. Se modificó el reglamento de la ley de la UIF, salió la resolución de creación de una oficina en Rosario y esta semana se firma el convenio con la provincia; se cambió el jefe de las fuerzas federales en la región como reclamaba hace tiempo el intendente Javkin; se nombró un delegado político del ministro de Seguridad que pedían intendente y gobernador; se aceleró el convenio para que Santa Fe disponga de la tecnología de identificación biométrica de personas que desarrolló el Registro Nacional de las Personas y fondos para 600 cámaras más en la ciudad. Además activó los circuitos políticos con el Congreso: de la mano del jefe de la bancada oficialista Germán Martínez se tratará en dos comisiones conjuntas desde este miércoles el proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal en Rosario que firmaron todos los partidos y tiene un año de demora. En paralelo, en la próxima sesión del Senado se aprobarán pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en Santa Fe.
Además, tras el ataque al supermercado de los Roccuzzo, Perotti tuvo ese día línea directa con el jefe de Gabinete. Hablaron al menos cinco veces. Y al día siguiente las puertas de la Rosada se abrieron para estrechar filas entre los dos gobiernos atenazados por la interpelación incrédula de la ciudadanía y un tsunami de críticas lanzadas por cuanto referente o candidato opositor haya. No solo opositor. También hay fuego amigo a discreción. Después que Aníbal Fernández dijera que “los narcos ya ganaron, y que ahora hay que revertirlo”, Perotti mandó a su precandidato a gobernador, Roberto Mirabella, a pedirle la renuncia en duros términos. Incluso antes que lo hicieran los referentes de Juntos por el Cambio en la provincia.
Ni Aníbal oculta su fastidio con Perotti y cada vez que tiene un micrófono le suelta algún dardo, ni el perottismo tiene filtro con uno de los ministros más cercanos al presidente. Al estar ese canal de diálogo roto, se generó otra situación que tiene en llamas a la Casa Gris: El presidente articula en forma directa con Javkin cuestiones operativas.
Una de las ventajas de Rossi es que no será candidato a nada en 2023. Por eso el diálogo fluye en todas las líneas. Su designación también significó un acceso directo a la Casa Rosada para Javkin, lo que facilita las gestiones. Esta semana se concretó el desplazamiento –hacía unas semanas que Nación lo tenía hablado– como jefe del comando unificado de fuerzas de seguridad del comandante de Gendarmería Ricardo Castillo. Castillo y Javkin nunca sintonizaron y en más de una oportunidad protagonizaron reuniones muy subidas de tono.
El oficialismo recurre a los mismos argumentos que usaron los gobiernos anteriores, con el agravante de los años transcurridos. Es curioso cómo se resignifican los reclamos de ayuda a la nación ahora que pasaron algunos años y cambiaron los gobiernos. Ayer, en un reportaje en Buenos Aires, el gobernador dijo que “cuando se pide ayuda muchos pueden tomarlo como una debilidad y decir «cómo voy a pedir ayuda, significa que no sabemos organizarnos para enfrentar eso». No se trata de un delito común”. También dijo: “Cada vez estoy más débil y la organización criminal crece más” y “todas las bandas existían mucho antes de que llegáramos al gobierno”. A la oposición le exigió “dejar de hacer turismo político en Rosario” con el tema seguridad.
En diciembre de 2013, Cristina presidenta y Sergio Berni en Seguridad hicieron rogar por ayuda un largo rato al gobierno del Frente de Progresista, y para venir armaron un escenario de intervención, casi de invasión, para que se notase que si había pacificación era resultado del gobierno nacional.
Hoy ese escenario es distinto porque ambos gobiernos son del mismo partido. El fastidio que expresan los Fernández presidente y ministro es que el gobierno provincial hizo agua en la gestión de la seguridad, la policía está poco y nada en la calle y casi de brazos caídos, les piden más agentes federales, y además que éstos hagan el trabajo arriesgado que no hacen los azules. Como dijo una fuente del gobierno nacional: “Por más que vayamos a Marte y volvamos con 9 mil marcianos armados, al mes nos van a cuestionar por qué no trajimos 10 mil”.
El problema es que la discusión sobre agentes federales y las rencillas con el gobierno nacional corren el eje sobre lo que el gobierno de Perotti en particular y la política santafesina en general tienen en sus manos decidir.
Acá hace años que no se nombra el personal ni se crean más cargos para la fiscalía de Rosario, no se institucionaliza la situación del Organismo de Investigaciones –el 100% del personal “es prestado” del Ministerio de Seguridad, no tiene presupuesto propio, estatuto ni escalafón–. En la Legislatura quedan estancadas, sin definición, leyes muy importantes, como el Código Penal Juvenil, o la recientemente aprobada ley de víctimas. Ni hablar de los barquinazos en políticas de seguridad, con un nuevo hito que es la reapertura de comisarías on demand.
De todos modos, por encima de esos temas, es determinante para los próximos años la selección del fiscal general de la provincia y los fiscales regionales, en especial el de Rosario. El nombre seleccionado en las próximas semanas tendrá incidencia directa en los próximos cinco años sobre la política de persecución penal. El fiscal general y el fiscal regional son decisivos en este contexto. No puede haber errores como el del nombramiento del ex fiscal regional luego destituido y encarcelado Patricio Serjal fruto de acuerdos políticos que respondan a lógicas que no son las del drama de la violencia y la narcocriminalidad.
¿Puede el Poder Ejecutivo enviar el pliego de un fiscal general que no sea de Rosario en este momento histórico? Esto no va en desmedro de la capacidad de otros candidatos, pero entre los rosarinos hay postulantes capacitados y es acá a donde quienes estén a cargo tienen que poner todo el acento sin desatender el resto de la provincia. Se necesitan autoridades que conozcan la institución, las particularidades de sus agentes, experiencias de organización y puedan dar soporte a la complejidad del momento que viene en materia de investigación penal.
Los allanamientos realizados en la noche del viernes dan cuenta de la complejidad de lo que viene y los intereses que hay que tocar. La investigación que llevan adelante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, y de la que participan la Procuración de Narcotráfico (Procunar) y la fiscalía federal 2 de Rosario, está detrás de la pista de una banda de policías retirados y en actividad que introducían droga desde el conurbano bonaerense a Rosario. El allanamiento al galpón de Guatemala al 2200 descubrió, más que un lugar de reuniones sociales de ex policías de Drogas, una base de operaciones: con secuestro de muchísimo dinero, un motorhome de alto valor y policías de alto rango en su interior. Entre ellos el comisario mayor retirado Alejandro Franganillo, que fue jefe provincial de Drogas Peligrosas en 2006 y es el secretario de Seguridad de Granadero Baigorria. También el actual jefe de Villa Constitución Marcelo Mendoza, que fue jefe de policía de Rosario en 2021.
