La Justicia de Santa Fe dictó la misma medida cautelar para otros dos exfuncionarios del Ministerio de Seguridad.
Pasado un mes desde que imputaron a Marcelo Sain (57) por el intento de defraudación al Estado de Santa Fe, la Justicia le trabó este lunes un embargo por 100 mil dólares. También se dictaron otras medidas cautelares en el marco de la causa sobre la fallida licitación para la compra de armas y equipamiento de la policía.
De acuerdo a la resolución, el ex ministro de Seguridad tiene prohibido contactarse con testigos o denunciantes dentro de la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tampoco puede ir a dependencias de las fuerzas provinciales o a la cartera que condujo hasta marzo de 2021. La misma restricción corre para oficinas de reparticiones pertenencientes a Economía.
El juez Héctor Candioti consideró “probable” que Sain haya realizado negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión, así como la tentativa de defraudación. Lo mismo planteó respecto del ex secretario de Seguridad Pública, Guillermo Montenegro, y el responsable de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas.
Las tres personas imputadas recibieron el mismo embargo por 100 mil dólares luego de haber sido acusadas por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez a fines de abril. Los investigadores creen que la licitación se armó para beneficio indebido de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. Dicha firma representa a una compañía israelí que asomaba como la única empresa en condiciones de cumplir con el pliego para la compra de armas y equipamiento.
Durante la audiencia imputativa, el MPA planteó que la adjudicación hubiera implicado un perjuicio total entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares para las arcas del Gobierno de Santa Fe. La convocatoria fue suspendida por orden judicial incluso antes de la presentación de potenciales ofertas.
