Los impulsores de la medida lograron los 78 votos necesarios para que este pedido sea revisado y votado por los senadores.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego que la investigación periodística de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de su familia.
22 horas después de una maratónica sesión que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista, Jaime Naranjo, los impulsores de la medida lograron los 78 votos necesarios para que este pedido ahora sea revisado y votado por los integrantes del Senado.
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En la Cámara alta se necesita de un total de dos tercios para destituir al mandatario, lo que requiere convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales parece poco probable.
Además de este procedimiento considerado “acusación constitucional”, que permite a los parlamentarios decidir el futuro del mandatario, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por “posibles delitos tributarios y de cohecho”.
Si bien en los últimos 40 años Piñera estuvo involucrado en una serie de escándalos empresariales, nunca fue condenado.
El caso actual responde a que el 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una investigación denominada Pandora Papers en que se acusa a distintos líderes mundiales de prácticas ilegales orientadas a no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las firmas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
El mandatario argumentó no saber de esta transacción, planteando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
