Sectores golpeados por la crisis y las nuevas medidas de restricción nacional y provincial, ahora también deben enfrentar intimaciones administrativas y judiciales por parte de la EPE.
Las nuevas medidas propuestas por las autoridades para darle batalla al virus de covid-19 fue un golpe a la economía de bares, gimnasios, clubes, hoteles y demás negocios relacionados a la gastronomía, quienes deben trabajar a puertas cerradas y con horarios reducidos para sobrevivir.
Sin embargo, y a pesar de ello, recientemente los comercios recibieron un nuevo golpe del estado provincial: la Empresa Provincial de la Energía los intima administrativa y judicialmente a pagar la luz.
Ante esta situación, los diputados radicales Maximiliano Pullaro, Juan Cruz Cándido y Sergio “Checho” Basile, presentaron un proyecto en la Cámara Baja provincial para que el Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, solicite a la EPE cesar con las intimaciones a todos los comercios comprendidos en la Ley N° 14009 y se sumen también los clubes y gimnasios a esa resolución.
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Al respecto, los integrantes del Bloque UCR manifestaron que “el mismo Estado que les pide que cierren sus puertas para proteger la vida del conjunto, que no les permite trabajar y que reparte ayudas que terminan siendo migajas, intima a los comerciantes a través del VERAZ. El mismo Estado que no paga sus deudas y que tiene miles de millones de pesos generando intereses en el plazo fijo. El Estado tiene que mostrar sensibilidad ante una situación sumamente particular, y más sabiendo que el nuestro – el santafesino – tiene los recursos para absorber momentaneamente esa baja de la recaudación y apoyar a los sectores perjudicados”.
Por otro lado, sostuvieron que “las pymes santafesinas están haciendo lo posible para poder sobrevivir a esta pandemia que alteró la vida de todos los habitantes de la provincia, país y el mundo. Por eso es inexplicable como, en semejante contexto, la EPE toma este tipo de medidas sin si quiera considerar las leyes vigentes y hasta los programas de rescate financieros que el propio gobierno destina a esos sectores”.
“Lo que proponemos es un freno a medidas contradictorias y de poco sentido común. El Estado, más que nunca, debe estar presente para dar herramientas de ayuda a los comerciantes, no para hacerle más difícil de lo que es la situación” concluyeron.
