Se trata de las normas que pretenden transparentar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad, y legislar sobre las incompatibilidades en el Organismo de Investigación. Restaba decidir si serían incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.
Sobre la base de argumentos “jurídicos y no políticos”, el Poder Ejecutivo vetó las dos leyes sancionadas recientemente en la Legislatura y que la Casa Gris interpretó como una suerte de embestida contra el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. La primera plantea regular y transparentar los gastos reservados de esa cartera; la segunda establece una serie de incompatibilidades para quienes conducen el Organismo de Investigación (OI). Ése era el cargo que desempeñaba precisamente Sain, hasta sumarse al gabinete de Omar Perotti con un pedido de licencia.
La aprobación de dichas normas provocó una verdadera tormenta política – una más – en la provincia porque se votaron sobre tablas, de manera exprés, sin debate y para muchos, “casi a escondidas” de Perotti y de su entorno más inmediato. Las sanciones se lograron por el respaldo del Frente Progresista y del grupo de senadores justicialistas que conduce Armando Traferri. Por eso, la movida legislativa hizo crujir otra vez la interna peronista.
Tras la sanción, restaba saber cuál sería la decisión del gobernador. Omar Perotti quedó en la incómoda situación de vetar dos leyes que en la cuestión de fondo – transparentar gastos y evitar incompatibilidades – no deberían generar controversia; o de promulgarlas pero forzando casi de hecho un alejamiento de su ministro de Seguridad.
La decisión
Perotti esperó hasta el último día de plazo que establece la legislación vigente para vetar o promulgar una ley desde que es comunicada por el Poder Legislativo.
Las dos leyes fueron observadas y vetadas “de manera total” sobre la base de “argumentos jurídicos”.
Resuelta esa instancia, se deberá también decidir si el Ejecutivo incluye dichos vetos en la agenda de sesiones extraordinarias. El Artículo 59 de la Constitución provincial establece que la Legislatura “deberá pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado, o en su caso, de iniciado el período ordinario de sesiones”. En en su defecto “se considera rechazado el proyecto”. Si el veto fuera, entonces, incluido en esa agenda y enviado hoy a las cámaras, la Legislatura debería expedirse en el término de treinta días. Por el contrario, si se espera para su revisión hasta la habilitación de sesiones ordinarias, el veto, sin perder vigencia, podría ser enviado y tratado recién en mayo del año que viene.
La Constitución estipula también que para la aceptación del veto, las cámaras podrán contar con mayoría simple. En tanto que para su rechazo deberán reunir los dos tercios de los votos presentes.
Fuente: El Litoral
