La Ley 27.337, sancionada en 2016, se aplicará por primera vez sobre los candidatos que superen las PASO. Habrá una réplica en el interior y otra en caso de balotaje.
Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Felipe Solá, Miguel Pichetto, quizá Cristina Kirchner. Son varios los nombres anotados en la todavía verde grilla de candidatos a la Presidencia. Pero a pesar de las diferencias que mantienen unos y otros, hay algo que los iguala: todos deberán someterse este año, por primera vez en la historia argentina, a un debate público y obligatorio regulado por ley.
Este 2019 se aplicará por primera vez la Ley 27.337, sancionada por la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, que regirá para los candidatos a presidente que hayan superado el piso que imponen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, el 1,5% de los votos.
En los hechos, ya se realizaron dos debates presidenciales. El 4 de octubre de 2015, tras los murallones de la Facultad de Derecho de la UBA, se batieron a duelo Macri, Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá. Daniel Scioli, en una imagen que quedó grabada para siempre, dejó su silla vacía.
En la segunda oportunidad, Macri y Scioli se enfrentaron cara a cara. Fue el 15 de noviembre, en el mismo escenario y en la previa de la segunda vuelta. El debate tuvo picos de rating y hasta el día de hoy salen a la luz pública las promesas que el actual presidente formuló entonces ante el electorado.
Lo cierto es que ambas experiencias estuvieron a cargo de un grupo de organizaciones sociales, nucleadas en la agrupación Argentina Debate. De ahí lo novedoso del evento que se viene: por primera vez las reglas del juego -o bien la mayoría de ellas- están fijadas por una ley, que incluye una sanción por no asistir.
Qué dice la ley
La ley que entrará en vigencia este año establece que el debate presidencial será obligatorio y que tendrá “la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
Cinco días después de su proclamación, los candidatos que hayan superado las PASO serán convocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para iniciar el proceso. Quienes se nieguen a participar del debate serán castigados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. “La sanción es bastante importante. Va a asegurar que vayan todos”, destacó Secchi.
Los espacios publicitarios no asignados se repartirán “de manera equitativa” entre los candidatos que sí participen del debate. Pero no solo eso: la silla del postulante que se oponga a participar se dejará vacía, como sucedió con Scioli, “a fin de denotar su ausencia”, indica el artículo 4.
Además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse uno idéntico en la capital de una provincia del interior del país, a determinar por la CNE. Los debates tendrán lugar entre los 20 y 7 días anteriores a la fecha de la elección, el 27 de octubre. Pero podría haber un tercer debate si -como las encuestan indican- hay un balotaje.
Previo al debate se realizará una audiencia de la que participarán la CNE, organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, y los candidatos o representantes partidarios. Allí deberá acordarse un reglamento, quiénes serán los moderadores y qué temas se tratarán. Si no hay acuerdo, la CNE tendrá la última palabra.
El evento será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina S.E., y durante el mismo se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual, asó como los anuncios públicos de los actos de Gobierno.
Otro artículo atractivo de la ley es el 8, que deja abierta la puerta a un posible debate entre candidatos a vicepresidente, “en caso de que exista voluntad” de los postulantes. Si es así, las reglas serán “similares” a las del rubro presidencial.
