¿Y si Trump no puede postularse? Muchos pasos están claros, pero otros no

¿Y si Trump no puede postularse? Muchos pasos están claros, pero otros no

La Constitución estadounidense dice que el vicepresidente es el siguiente funcionario en la línea de sucesión, si el presidente muere o ya no puede servir, pero las cosas se complican a partir de ahí.

Artículo publicado en The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó positivo en una prueba de coronavirus y eso ha planteado la posibilidad, por remota que sea, de que pueda quedar incapacitado o morir en el cargo si sus síntomas empeoran.

Aunque eso sigue siendo muy poco probable y, el viernes, pocas personas en Washington estaban dispuestas a discutir esa posibilidad cuando Trump fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir tratamiento, la Constitución y el Congreso establecieron hace mucho tiempo un plan de sucesión para garantizar que Estados Unidos esté protegido de adversarios y conflictos internos cuando el mandatario electo no puede ejercer su cargo.

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La Constitución deja en claro que el vicepresidente es la primera opción para para suceder al presidente en caso de que muera en el cargo, y puede intervenir para asumir temporalmente los deberes de la presidencia si el comandante en jefe queda incapacitado. El vicepresidente Mike Pence, de 61 años, dio negativo a la prueba de coronavirus el viernes.

La Constitución y las leyes son más claras en los casos en que un presidente muere o debe renunciar a su cargo. La vigesimoquinta enmienda establece que: “En caso de destitución del presidente de su cargo o de su muerte o renuncia, el vicepresidente se convertirá en el presidente”.

El ascenso de un vicepresidente no es algo inédito en la historia de Estados Unidos. En ocho ocasiones, un vicepresidente ha tenido que asumir el cargo más alto de la nación debido a la muerte del mandatario, la más reciente sucedió en 1963 por el asesinato de John F. Kennedy, cuando Lyndon B. Johnson se convirtió en presidente. (En 1974, el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia después de la renuncia de Richard M. Nixon).

La Constitución establece que el Congreso debe decidir qué sucede si el vicepresidente también muere o no puede servir, y se han promulgado varias leyes para prever las contingencias.

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La más reciente es la Ley de Sucesión Presidencial que se promulgó en 1947, después de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt en 1945 (se modificó nuevamente en 2006). El estatuto dice que el presidente de la Cámara es el siguiente en la línea de sucesión, seguido por el presidente pro tempore del Senado y luego vendrían los miembros del gabinete, comenzando por el secretario de Estado.

Según la vigesimoquinta enmienda, que fue ratificada en la década de 1960 para aclarar la discapacidad presidencial y la planificación de la sucesión, los mandatarios pueden delegar sus poderes, de manera voluntaria, a sus vicepresidentes en caso de enfermarse gravemente o verse incapacitados para realizar sus funciones.

Si Trump se enferma gravemente podría notificar, por medio de cartas, a la presidenta de la Cámara y al presidente pro tempore del Senado que se ve imposibilitado para “cumplir con los poderes y deberes de su cargo” y así transferir sus poderes a Pence quien, en efecto, se convertiría en presidente interino. Trump puede reclamar todas sus funciones al recuperarse.

“No hay transferencia”, dijo. “El presidente sigue en el cargo”.

Desde que se ratificó la enmienda en 1967, los vicepresidentes solo han tomado el poder en tres casos, y siempre por periodos muy breves. En 1985, cuando el presidente Ronald Reagan tuvo que ser anestesiado para someterse a un procedimiento de colon, otorgó sus poderes al vicepresidente George Bush durante unas ocho horas, aunque evitó invocar formalmente la enmienda. Y, en 2002 y 2007, el presidente George W. Bush transfirió temporalmente sus autoridades al vicepresidente Dick Cheney durante la realización de unas colonoscopias.

La vigesimoquinta enmienda también contempla la destitución forzosa de un presidente, incluso si está demasiado enfermo para delegar sus funciones o en caso de que se niegue a hacerlo.

Para los autores de la modificación, estas posibilidades no eran meras hipótesis descabelladas. Después de sufrir un derrame cerebral en 1919, el presidente Woodrow Wilson pasó el resto de su mandato parcialmente paralizado y ciego; su condición se mantuvo mayormente en secreto.

La enmienda le otorga al vicepresidente, que debe actuar con el gabinete o con un grupo designado por el Congreso, poderes para intervenir. Si la mayoría de cualquiera de esos grupos decide e informa a la Cámara y al Senado que el presidente “no puede cumplir con los poderes y deberes de su cargo”, entonces “el vicepresidente asumirá inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente interino”. Ese mandato nunca se ha utilizado y las consideraciones políticas podrían dificultar su ejecución.

Las cosas se complican, rápidamente.

Primero, el Comité Nacional Republicano tendría que elegir un nuevo nominado, un proceso que involucraría a la presidenta Ronna McDaniel y los 168 miembros nacionales, tres por cada estado y territorio. Pero como muchos estados ya han comenzado a imprimir, enviar por correo y aceptar boletas, y algunos han comenzado los sufragios en persona, es poco probable que el nombre de un nuevo nominado se imprima en las boletas a tiempo para el día de las elecciones.

Entonces correspondería a los estados individuales decidir cómo proceder, y la mayoría no ha establecido reglas para esta situación.

“Se trataría de lo que dice o no dice la ley de cada estado sobre lo que sucede en esta eventualidad, y muchas leyes estatales simplemente guardan silencio sobre esta posibilidad”, dijo Richard L. Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, Irvine, quien también discutió el tema en su blog Election Law. “Así que pueden surgir preguntas sobre qué se debe hacer”.

La pregunta se volvería más compleja si Trump gana las elecciones, pero no puede gobernar. Algunos estados, pero no todos, obligan a sus electores a votar por el candidato que gane el estado, pero incluso la mayoría de los estados con leyes electorales vinculantes no mencionan lo que podría suceder si un candidato muere o no puede servir.

Esa situación podría ser resuelta por el Congreso, que certifica los votos del Colegio Electoral, o podría determinarse en los tribunales.

Artículo extraído de The New York Times