Por Emiliano Rodríguez para NA.
La llamada “cláusula Parrilli” incluida en el dictamen del Senado sobre la reforma judicial reavivó en las últimas horas la discusión sobre quién toma las decisiones en el seno del Gobierno.
La controversia, azuzada por sectores de la oposición, forzó al presidente Alberto Fernández a tener que dar explicaciones desde el comienzo mismo de su gestión y, en especial, tras el fallido intento de intervención y expropiación de la compañía Vicentin.
Esta semana, el kirchnerismo logró cumplir con el trámite legislativo preliminar al debate en el recinto del Senado de la propuesta de reforma judicial, pero introdujo una cláusula contra los supuestos “poderes mediáticos”, a pedido de Parrilli.
Se trata de un senador que responde lisa y llanamente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien referentes de la oposición atribuyen la modificación realizada en el texto original de la iniciativa y, en general, el propio proyecto impulsado por el Gobierno.
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El retoque efectuado en el inciso E del artículo 72 de la propuesta oficial generó no solo preocupación en los medios de comunicación, sino que también revitalizó la discusión sobre quién lleva las riendas del Gobierno, si el jefe de Estado o la número dos del Poder Ejecutivo nacional.
A la extemporaneidad en la que se enmarca la presentación del proyecto de reforma laboral, en medio de una pandemia de Covid-19 que mantiene en vilo a la sociedad y de una crisis económica que golpea con fuerza al país, ahora se suma la “cláusula Parrilli” para levantar aún más polvareda en torno de la iniciativa.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el kirchnerismo busca “licuar la libertad de expresión” con el cambio realizado antes del dictamen, que deja abierta la posibilidad de incriminar en forma directa a medios de prensa en denuncias judiciales.
Parrilli, por su parte, defendió la modificación, insistió en que los jueces deben estar obligados a comunicar supuestas “presiones de poderes mediáticos” e incluso en las últimas horas inició una demanda judicial contra el periodista Marcelo Bonelli por presuntos daños y perjuicios.
Bonelli, del Grupo Clarín, recibió una intimación de parte del abogado Gregorio Dalbón para que se presente a una audiencia de mediación el próximo 1° de septiembre, aunque – según dijo- en la misiva no se detallan los motivos de la citación.
Este sábado, en tanto, el senador del Frente de Todos Mario Pais dijo en radio Rivadavia que “el Senado no es una escribanía” y, por consiguiente, “técnicamente no procede” que al presidente le avisen sobre los cambios que se introducen en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.
Así, el legislador chubutense de alguna manera confirmó que el retoque en el inciso E del artículo 72 se efectuó por decisión del kirchnerismo allí en el Senado, donde está previsto que el proyecto se debata y sea aprobado la próxima semana.
El polémico apartado establece que los jueces deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos (…) y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En el texto original, enviado por el propio presidente de la Nación al Congreso, la palabra “mediáticos” no figuraba. Así las cosas, con la “cláusula Parrilli”, el kirchnerismo como mínimo vuelve a poner bajo escrutinio el formato de conducción “vertical” que suele caracterizar al peronismo en el Poder.
La polémica está instalada y las miradas apuntan al seno del Gobierno: más aún tomando en cuenta que con la reforma judicial se busca especialmente rediseñar el fuero federal penal, allí donde se tramitan causas por supuestos actos de corrupción que involucran a la actual vicepresidenta.
Fernández, en tanto, salió al cruce de quienes se manifestaron el pasado 17 de agosto en contra de las políticas oficiales -“No nos van a doblegar los que gritan, los que gritan suelen no tener razón”, dijo-, mientras sectores de la militancia kirchnerista insisten en resaltar que el objetivo de quienes salieron a las calles era “desestabilizar” al Gobierno.
En este contexto, y más allá de esa necesidad que al parecer tienen algunos de construir e intentar defenderse permanentemente de la figura de un supuesto enemigo (político), transcendió en las últimas horas que el peronismo prepara una masiva movilización por los 75 años del 17 de octubre de 1945.
Con esa marcha se buscaría, además de otorgar un sólido respaldo a la gestión de los Fernández, relanzar de alguna manera el Gobierno tras la pandemia de coronavirus que sacude al país y por la cual la Argentina se mantiene en cuarentena desde el pasado 20 de marzo -un récord mundial-.
En el marco de la emergencia sanitaria, una tragedia familiar conmovió a la sociedad argentina en las últimas horas debido al absurdo desenlace de la situación, con el fallecimiento de una joven que sufría de cáncer, Solange, y cuyo máximo deseo era abrazar a su padre, Pablo Musse, a quien autoridades le impidieron el ingreso a la provincia de Córdoba.
Solange murió sin poder cumplir su voluntad, pero dejó una carta que estremece y en la que subrayó: “Hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.
La Justicia, finalmente, autorizó al padre a ingresar a Córdoba, pero ahora Pablo Musse ya no podrá abrazar a su hija, sino que deberá asistir a su sepelio.
