Chaco ocupa por tercer año consecutivo el primer lugar entre las provincias que más destruyen sus bosques nativos. Así lo confirmó el último informe de Greenpeace, que además señala que más de la mitad de estos desmontes se realizaron de forma ilegal
Durante la gestión del gobernador Domingo Peppo, unas 103.908 hectáreas fueron destruidas entre 2016 y 2018, de las cuales 54.327 eran zonas protegidas por la Ley de Bosques.
Para la organización ambientalista es clara la colaboración entre el gobierno provincial y los empresarios agropecuarios. Los cambios de zonificación prediales realizados para desmontar donde la normativa nacional no lo permite alcanzan a 67 fincas y abarcan una superficie de más de 50 mil hectáreas. De esta manera, en Chaco se autorizan desmontes en bosques nativos que habían sido clasificados en Categoría II-Amarillo, donde está expresamente prohibido hacerlo.
Como resultado de las denuncias por Greenpeace y el reclamo de más de 500 mil personas que se sumaron a la campaña por los bosques en Salta, este año, la Nación a través de la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, confirmó la ilegalidad de las recategorizaciones que se realizaron, ordenando su suspensión y la remediación de los desmontes. La organización ambientalista entiende que en igual situación,el gobierno de Chaco debe suspender los permisos y derogar las disposiciones inmediatamente.
Avanzar con la implementación de este artilugio de autorizaciones de desmonte a pedido de los dueños de las fincas, pone en potencial riesgo a cerca de 3 millones de hectáreas del Impenetrable chaqueño. Permitir que se deforeste en esta zona vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Su desmonte tendrá un impacto ambiental significativo y afectará seriamente a muchas comunidades campesinas e indígenas.”
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace
Asimismo, Chaco se encuentra en emergencia forestal, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta este año se deforestaron más de 400.000 hectáreas, seis veces la ciudad de Resistencia. Frente a esta situación, Greenpeace reclama que se deroguen las disposiciones que habilitan las recategorizaciones prediales, se cancele la ejecución de los desmontes autorizados en las fincas recategorizadas, se restauren los bosques destruidos, y se establezca como delito penal el desmonte ilegal.
(Fuente: Greenpeace – Datos de Diciembre 2018)
