Este miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión por videoconferencia entre los intendentes de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Paraná. Consensuaron elevar un petitorio conjunto ante el jefe de Gabinete y el ministro de Transporte de la Nación.
Los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón; de Rosario, Pablo Javkin; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Paraná, Adán Bahl, mantuvieron este miércoles por la tarde una reunión por videoconferencia en la que se acordó solicitar al Ejecutivo Nacional “acciones urgentes” para solucionar los problemas del transporte público.
La misiva está dirigida al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. En la misma se sostiene que el sistema se vió estructuralmente afectado en este nuevo modelo de organización social que plantea la pandemia de COVID-19.
En la oportunidad, Jatón remarcó que “es un hecho de trascendencia que cuatro intendentes se hayan puesto de acuerdo en este reclamo conjunto al Gobierno nacional”. Y señaló que “se intenta conseguir un nuevo esquema de subsidios para el sistema de transporte de pasajeros que sea más justo, equitativo y federal”.
El petitorio
Los mandatarios locales entienden que el nuevo contexto “obliga a repensar el transporte, confluyendo hacia un mecanismo integrado pero readaptando y disponiendo inversiones específicas en pos de la movilidad sustentable, aún a sabiendas de que no existe una única solución a la complejidad que hoy se presenta en el sector en general”.
Según consideran, “la situación actual resulta insostenible y, en tal sentido, no repercute de igual manera en todas las jurisdicciones, principalmente en el interior». Y advierten que este contexto se da «por la inequidad en la distribución de subsidios nacionales y la caída del corte de boletos, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la consecuente paralización del sistema”.
Los cuatro intendentes solicitan que el esquema de subsidios al transporte público de pasajeros “sea más federal y equitativo”, por lo que se ponen a disposición del Gobierno Nacional “a los fines de encontrar una solución propositiva que permita el sostenimiento económico y técnico del servicio en cuestión”.
