Baratta quedó en libertad y De Vido continuará la detención en su chacra de la localidad boanerense de Zárate.
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el funcionario de esa área Roberto Baratta deberán cumplir cinco obligaciones que les impuso el Tribunal Oral Federal al excarcelarlos en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Ambos salieron de la cárcel federal de Ezeiza. Baratta quedó en libertad y De Vido continuará la detención en su chacra de la localidad boanerense de Zárate, ya que si bien fue excarcelado, otro tribunal oral -el que tiene el caso por las irregularidades en Río Turbio- dispuso hace hace dos semanas en ese expediente que siga preso pero en su casa.
La primera de las obligaciones es la “promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”. También deberán presentarse en la sede del Tribunal todos los meses dentro de los primeros cinco días, informar si cambian de domicilio y cualquier motivo por el cual “deban ausentarse del mismo por más de 48 horas”.
La tercera es la prohibición de salida del país y la cuarta la entrega de sus pasaportes y la inhabilitación para expedir nuevos. La quinta y última que dispuso el Tribunal Oral Federal 7 fue la colocación de un dispositivo GPS de monitoreo de vigilancia del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que permite controlar la ubicación de las personas.
Obligaciones
En el caso de De Vido son obligaciones para cuando salga de la prisión domiciliaria. Mientras esté bajo esa modalidad deberá cumplir otras que le impuso el Tribunal Oral Federal 1 cuando el 26 de noviembre pasado le otorgó la detención en su casa. Una de ellas también fue la colocación de un GPS de monitoreo y control de su prisión domiciliaria esté a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Además, la prohibieron salir del país.
La excarcelación de De Vido y Baratta tiene un alto impacto político, en particular en momentos en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, criticó el abuso de las prisiones preventivas, tanto en campaña como en su discurso de asunción en el Congreso, y después de que la vicepresidente Cristina Kirchner hablara del lawfare de causas en su contra.
