El gobernador Lifschitz firmó el decreto que permite incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen la seguridad alimentaria de la población santafesina.
Santa Fe adhirió a la ley nacional de Emergencia Alimentaria, lo que le permitirá incrementar partidas de programas sociales de cinco ministerios, que serán coordinados por el titular de Desarrollo Social, Jorge Álvarez.
La adhesión se concretó mediante el decreto 2875 firmado por el gobernador Miguel Lifschitz. La provincia adhirió a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria y Social sancionada por el Congreso, y encomendó a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía y Gobierno y Reforma del Estado, “a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina”.
El decreto dispone además la creación de una comisión de seguimiento y control de dichas acciones integrada por representantes de esas carteras ministeriales, y coordinada por el ministro Desarrollo Social, Jorge Álvarez.
La inversión en políticas sociales en tiempos de crisis es más necesaria que nunca: en Santa Fe, para enfrentar la situación que generó la crisis de la economía nacional, decidimos priorizar la inversión social y garantizar la cobertura de las necesidades básicas #PrimeroLoSocial pic.twitter.com/7TRqAA4KRY
— Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) September 9, 2019
Además, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales para sobrellevar la actual situación económica y social.
Reclamo
En los fundamentos del decreto, se responsabilizó a Nación por el drástico recorte de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social, y se detalló lo realizado por la Provincia para contener la situación. En este sentido, se destacó que en septiembre Santa Fe sumó partidas por $600 M en Desarrollo Social, y por $500 M en Salud (compra de drogas oncológicas, diálisis y traslado de discapacitados).
