La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, una de las iniciativas prioritarias de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La votación concluyó con 37 votos a favor y 11 en contra, destrabando un debate parlamentario que llevaba cinco meses en comisiones y que se resolvió mediante un acuerdo político dentro del frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe. La reforma, que introduce cambios en el Código Procesal Penal y la estructura policial, continuará ahora su recorrido en el Senado provincial para su tratamiento definitivo.
El avance del dictamen requirió intensas negociaciones que se extendieron hasta la medianoche del miércoles para modificar los puntos más rígidos del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Desde una perspectiva ligada al socialismo, los esfuerzos parlamentarios se enfocaron en salvaguardar el marco institucional y asegurar que la lucha contra el crimen organizado no vulnere las garantías individuales básicas. Como resultado del debate, se eliminaron las disposiciones que habilitaban declaraciones de imputados sin presencia obligatoria de la defensa, los regímenes excepcionales de intervención policial ampliada en zonas de violencia y los allanamientos sin previa orden del fiscal o control judicial inmediato.
La diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ponderó el proceso de diálogo que incluyó audiencias con miembros de la Corte Suprema, la Defensa Pública y colegios de profesionales. “Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad”, afirmó la legisladora, quien subrayó que la impronta de su espacio político consiste en combatir la impunidad firmemente, pero siempre respetando la división de poderes y los tratados constitucionales frente a las corrientes que pretenden imponer decretos por encima de las leyes.
En sintonía con la postura de equilibrio institucional, el diputado socialista Rubén Galassi (referenciado parlamentariamente junto a voces de la bancada como la de Blanco en las deliberaciones internas) acompañó la aprobación general valorando el espíritu de consenso alcanzado en la coalición de gobierno. Los aportes del bloque buscaron evitar la discrecionalidad en las atribuciones de las fuerzas de seguridad, consolidando un paquete normativo robusto para el combate al narcotráfico pero firmemente anclado en la legalidad del Estado de derecho.
Con esta media sanción, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia y prevé otorgarle un tratamiento prioritario. La reforma busca proveer al Ministerio de Justicia y Seguridad de herramientas procedimentales más ágiles para desactivar búnkeres de microtráfico e intervenir sobre las organizaciones criminales activas, bajo un diseño institucional condicionado a las revisiones judiciales posteriores acordadas en la Cámara baja.
