La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dejándolo a un paso del juicio oral. Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron la medida en el marco de una investigación penal por graves irregularidades y presuntos sobornos detectados en la compra de medicamentos de alto costo e insumos médicos durante su gestión. Con este fallo, el expediente sumó un respaldo clave que complica de forma directa la situación legal del ex funcionario.
Al exdirector del organismo se le imputan delitos de extrema gravedad institucional, entre ellos negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. Además, los jueces lo señalaron formalmente como el presunto jefe de una asociación ilícita. De acuerdo con el dictamen de la Cámara, la estructura delictiva funcionaba de manera coordinada para desviar fondos estatales y direccionar contratos millonarios hacia proveedores y droguerías vinculadas con los implicados.
La resolución judicial no solo recae sobre el ex titular de la agencia, sino que también alcanza a otros 18 imputados, consolidando la hipótesis de un esquema de corrupción articulado entre el sector público y el privado. Entre los procesados confirmados figuran ex miembros de su equipo de confianza, como el ex número dos del organismo Daniel Garbellini, y empresarios del rubro farmacéutico como Miguel Ángel Calvete. Las autoridades judiciales consideran probado en esta instancia que existían “acuerdos espurios” para garantizar retornos económicos ilícitos.
La investigación, impulsada originalmente por el fiscal Franco Picardi, tomó fuerza tras auditorías y peritajes que revelaron un masivo perjuicio económico. Recientes relevamientos expusieron un desfasaje presupuestario superior a los 158.000 millones de pesos en deudas internas informadas y sobreprecios exorbitantes en las compras directas. Paralelamente, la causa se nutre de un conjunto de más de 50 audios filtrados atribuidos a Spagnuolo, los cuales están siendo sometidos a peritajes de autenticidad por la Gendarmería Nacional para determinar si existió manipulación digital.La ratificación de estos procesamientos asesta un duro golpe político, dado que las maniobras investigadas perjudicaron directamente a una población vulnerable de beneficiarios de pensiones no contributivas, quienes dependen exclusivamente de la cobertura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para acceder a tratamientos de salud esenciales. Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones, la causa avanza de forma acelerada hacia la elevación a juicio, mientras las defensas agotan sus últimas instancias de apelación técnica.
