La reciente presentación del proyecto de Presupuesto 2027 ha encendido las alarmas en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición han denunciado que la iniciativa gubernamental atenta contra los derechos adquiridos por las personas con discapacidad. El eje central de la controversia radica en el capítulo VI del presupuesto, el cual, según alertan los legisladores, desmantelaría la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) vigente, abriendo la puerta a una profunda desregulación del sector.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, lideró las críticas al señalar que el documento oficial no solo ignora la prórroga de la emergencia solicitada, sino que deroga artículos fundamentales que garantizan el acceso a prestaciones básicas. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, el legislador sostuvo que estas medidas dejarían a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema, al volver a esquemas de pensiones por “invalidez laboral” que se consideraban superados.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es el impacto económico sobre los profesionales y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según datos expuestos por la oposición, la normativa actual presenta una brecha del 80% entre el arancel por kilómetro reconocido ($900) y los costos reales de operación ($1.600). La eliminación de los estudios de costos, propuesta en el nuevo presupuesto, agravaría esta situación y pondría en peligro la continuidad de muchas terapias y traslados.
Ante este escenario, la oposición solicitó formalmente el retiro del capítulo VI del proyecto presupuestario. Por su parte, el oficialismo parlamentario intentó calmar las aguas argumentando que se trabaja en una propuesta “superadora” para asegurar la asistencia permanente, aunque no ofreció detalles específicos que convencieran a las bancadas críticas ni a las organizaciones presentes.
La discusión quedó abierta con el compromiso de alcanzar un dictamen en el plazo de una semana. Mientras tanto, el clima en el Congreso refleja una creciente tensión entre la necesidad de ajustar partidas presupuestarias y la defensa de un sistema de derechos que, según advierten los especialistas y legisladores opositores, corre riesgo de quedar desfinanciado y desarticulado.
